Sentencias - Página 3

El pensionista en jubilación activa perdió el requisito después de que la empresa despidiera al trabajador, siendo esta condición (la de mantener el empleo) obligatoria por la Seguridad Social.

El incremento aprobado por la junta de propietarios es válido porque el acuerdo no fue impugnado y la Ley de Propiedad Horizontal permite adoptar medidas disuasorias frente a la morosidad.

Las empresas no pueden utilizar la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para modificar el porcentaje de presencialidad o teletrabajo en este caso.

El trabajador autónomo debía 72.000 euros y no tenía bienes en propiedad salvo un coche que estaba valorado en 1.556 euros, estaba en paro y tenía tres hijos menores.

El inquilino no tiene que renunciar a las prórrogas previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos, aunque hubiera firmado y aceptado expresamente dicha condición.

La trabajadora simuló que acababa de encontrar la cartera vacía pero las cámaras de seguridad lo grabaron todo.

La existencia de una opción de compra en el contrato no impide al propietario pedir el desahucio cuando existen rentas impagadas, aunque el inquilino intente ejercerla después de recibir la demanda.

La justicia valora que ha seguido durante siete años un tratamiento psiquiátrico continuado en el Centro de Salud Mental.

El autónomo simuló contratos y dio de alta a decenas de falsos trabajadores para que pudieran cotizar y cobrar las prestaciones por desempleo, incapacidad y jubilación.

El tribunal rechaza aplicarle la “doctrina del paréntesis” ya que no estuvo inscrito como demandante de empleo durante estos años.

Si una empresa explota los alquileres y cobra las rentas, no tiene que responder de los gastos de la comunidad si no es la propietaria de las viviendas.

No se puede utilizar un pacto de empresa para rebajar las condiciones salariales y los derechos establecidos en el convenio colectivo sectorial.

La justicia avala la decisión de la explotación ganadera de extinguir el contrato sin indemnización al considerar la carga de los ajustes desproporcionada.

El TSJ de Navarra rechaza sus alegaciones al comprobar que el dinero estaba a su nombre en el banco y que la beneficiaria dejó agotar el plazo para recurrir la resolución inicial que le extinguió la ayuda.

Era jefe de departamento y no estaba autorizado para acceder a las cámaras. Consciente de ello, engañó al vigilante de seguridad asegurándole que tenía permiso del director.

El trabajador no había pactado ningún acuerdo de teletrabajo con la empresa, sino que esta modalidad fue una medida excepcional por la crisis sanitaria.

La justicia detalla que, en régimen de bienes gananciales, los ingresos se comparten.

No pueden ser excluidos de los concursos de traslados por el mero hecho de tener la condición de indefinido no fijo.

La empresa intentó justificar el despido porque había renunciado a formar parte del Consejo de Administración y a ser consejero delegado, y que era necesario amortizar su puesto por “duplicidad” de funciones.

Al reconocerle la incapacidad permanente teniendo cumplida la edad ordinaria de jubilación, se le aplicó el mínimo porcentaje de la pensión.

El TSJ de Navarra ha anulado la extinción indemnizada de su contrato y rechaza que los desajustes respondieran a una discriminación por razón de género.

El tribunal explica que la denegación de la pensión de viudedad de la madre no da derecho a la orfandad absoluta, ya que no se ha demostrado esa carencia de ingresos.

El TSJ de Galicia ha considerado que la Seguridad Social ha tardado más de tres años en pedir el dinero y que la beneficiaria nunca ocultó información.

El TSJ del País Vasco cambia de criterio para aplicar la nueva doctrina del Tribunal Supremo.

El TSJ de Galicia ha confirmado que la beneficiaria tenía residencia legal y efectiva en nuestro país durante el año previo a la solicitud pese a lo indicado por el INSS.

La justicia explica que denegar la prestación por falta de hospitalización es tomar demasiado estricta la norma.

Trabajaba como empleada de hogar y durante la mayor parte de la relación laboral estuvo sin estar dada de alta en la Seguridad Social, además de que le debían vacaciones y varias pagas extra.

La Justicia explica que el complemento a mínimos no tiene carácter consolidable y se revisa cada año.

El exempleado alegaba que el dinero era una “indemnización” y no una nómina ordinaria, por lo que no podía considerarse como salarial, pero la Justicia determina que son retribuciones equivalentes y por lo tanto embargables.

El TSJ de Asturias ha confirmado que el despido fue nulo y sube la indemnización de 2.625,85 euros a 30.000 por la presencia de daños morales.

Aunque los hijos pasen el mismo tiempo con ambos progenitores, puede fijarse una pensión cuando exista una diferencia importante entre sus ingresos.

El hecho de que existan cerramientos en el edificio no implica que cualquier vecino pueda cerrar su terraza sin tener autorización de la comunidad.

El alto tribunal aplica la doctrina europea del "lápiz azul”, la cual dice que, al ser opaca la fórmula de cálculo, se expulsa la cláusula por completo, por lo que deberá devolver los intereses cobrados de más.

El juzgado de primera instancia fijó esta edad como límite para el pago de la pensión de alimentos y la Audiencia confirma dicha sentencia.

Los jueces dictaminan que convertirla en empleada de carrera sin aprobar un proceso selectivo vulneraría los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Un informe policial de Marruecos y varios sellos en el pasaporte demostraron que ella compró la vivienda en 2017.

Aunque el error fue de la Seguridad Social, la Justicia anula la devolución, ya que tardo más de cuatro años en solicitar la devolución.

El hombre cobrará la pensión de incapacidad permanente total equivalente al 55% de la base reguladora.

El tribunal no ha rechazado el pago de manera definitiva sino que devuelve el caso al juzgado para que decidan si el complemento debe incluirse según la normativa de la CCAA.

La empleada llevaba más de un año en situación de incapacidad temporal cuando un detective la localizó realizando tareas de dependienta en un pequeño comercio.

Visitaba con frecuencia el municipio donde vivía su madre, pero no iba a verla, no supo que estaba enferma y no demostró que ella fuera responsable del distanciamiento.

La mujer entendió que el cálculo debía dividirse de forma anual contando solo sus alquileres, pero la Justicia explicó que también hay que sumar el rendimiento de sus empresas y patrimonio.

En un primer momento el TSJ de Castilla y León le concedió la cuantía por despido, pero el Tribunal Supremo ha revocado la cifra al entender que su relación laboral solo evolucionó.

El contrato establece que tenía que pagarla el inquilino y, aunque no aparecía el importe, la tasa estaba individualizada para la vivienda.

La Justicia ha dado la razón a una profesora basándose en que la naturaleza pública del servicio prima sobre la titularidad del centro, dándole así los atrasos que tenía de los últimos cuatro años.

Para cobrar este plus era necesario haber trabajado 668 horas reales entre el 1 de junio y el 15 de octubre de 2023 y la empresa excluyó el crédito sindical.

Aunque la deuda ya no podía reclamarse, la sanción no puede calcularse teniendo en cuenta una ganancia exenta de tributar en el IRPF.

La subcontrata, antes de firmar los contratos de obra, cambió su objeto social, ya que antes vendía ropa.

El contrato fijaba un plazo de devolución de 30 años sin intereses, cuando los padres tenían 83 y 81 años, y el hijo no amortizó ninguna cantidad.

El tribunal explica que no se puede castigar al ciudadano obligándole a reclamar en el extranjero los impuestos ya pagados, prohibiendo a Hacienda denegar la deducción por doble imposición internacional.

La estructura tenía techo, cerramientos laterales y acceso directo desde el interior, por lo que no podía considerarse un simple elemento ornamental.

La vivienda en nuda propiedad no computa como patrimonio para el Ingreso Mínimo Vital.

La empresa no pudo acreditar que le hubiera advertido previamente de su obligación de utilizar el registro horario.

Aunque la Seguridad Social le seguía abonando la pensión, esta no se presentó a juicio, por lo que sus alegaciones no llegaron.

El casero no pudo demostrar que hubiera muebles en la vivienda, ya que no había inventario ni se mencionaba nada sobre ellos en el contrato.

El despido fue por un supuesto bajo rendimiento, pero la empresa no aportó datos objetivos que lo acreditaran y lo comunicó justo después de que iniciara la baja.

La propietaria cerró el paso al resto de vecinos y elevó el terreno hasta igualarlo con su patio, pese a que la comunidad había acordado que debía desalojar el espacio.

La Seguridad Social defendía que, al sumar la cuota de autónomo está superaba el límite de ingresos para cobrar la prestación.

El TSJ de Andalucía confirma que la joven no demostró que realmente se dedicara profesionalmente a la agricultura.

La empresa señaló que su rendimiento era un 30% inferior al de sus compañeros pero no aportó un estudio comparativo que lo demostrara.