Las empresas tendrán que informar del salario que ofrecen a los candidatos cuando publiquen una oferta de empleo. Así lo establece el Real Decreto-ley 39/2026, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que entra en vigor este mismo jueves.
Con esta norma, el Gobierno completa (aunque fuera de plazo) la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de dos directivas europeas, entre ellas la Directiva (UE) 2023/970, que busca reforzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres a través de medidas de transparencia retributiva. Para ello, modifica la Ley de Empleo e introduce nuevas obligaciones para las empresas, de manera que quienes estén buscando trabajo puedan conocer desde el principio el salario inicial que se ofrece por un puesto, sin tener que esperar a una entrevista.
Esta no es la única novedad y es que el mismo real decreto ley, que tiene que convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso, obliga a que la ofertas de empleo y los nombres de los puestos de trabajo sean neutros respecto al género. Además, las empresas deberán garantizar que sus procesos de selección no sean discriminatorios, incluyendo cuando usen herramientas automatizadas o algoritmos.
Obligación de incluir el salario y el convenio colectivo en las ofertas de empleo
La norma modifica la Ley de Empleo e introduce un nuevo apartado en el artículo 5, donde establece que “las ofertas de empleo deberán incluir la retribución inicial del puesto, basada en criterios objetivos y neutros con respecto al género, y el convenio colectivo que resulte de aplicación”.
Esto significa que las empresas no podrán publicar ofertas sin facilitar esa información y los candidatos podrán conocer cuánto dinero se ofrece por el puesto antes de participar en el proceso selectivo. Respecto a este, las empresas y las personas que participen en el mismo no podrán preguntar a los candidatos cuánto cobraban en sus anteriores empleos ni cuál es su salario actual.
Neutras respecto al género
En el mismo artículo, se añade que “los anuncios de las vacantes de trabajo y las denominaciones de los puestos de trabajo deben ser neutros con respecto al género, para asegurar el derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, y facilitarse en un formato accesible para las personas con discapacidad, atendiendo a sus necesidades específicas”.
Por ejemplo, ya no se podrá decir “busco camareras”, sino usar una fórmula neutra como “personal de sala” o “camarero/a”, como señalaba la propia Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, tras la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros.
Por último, se establece que “tanto las empresas como los agentes públicos o privados que intervengan en los procesos de selección y contratación, incluidos aquellos en los que utilicen procedimientos automáticos o sistemas algorítmicos, deberán garantizar durante su desarrollo el cumplimiento de los principios de igualdad de trato y no discriminación”.
El incumplimiento de estas obligaciones también puede tener consecuencias para las empresas. La norma modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para considerar infracción grave no facilitar a los candidatos la información exigida antes de la contratación, lo que puede suponer multas de entre 751 y 7.500 euros. Además, solicitar datos prohibidos o tomar decisiones discriminatorias durante los procesos de selección podrá constituir una infracción muy grave, sancionada con multas de entre 7.501 y 225.018 euros.

