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Tener que demandar para poder conciliar: la contradicción que deja desprotegidos a los trabajadores

Las demoras en la conciliación laboral pueden obligar a demandar antes de intentar un acuerdo, afectando especialmente a los trabajadores con poca antigüedad o que tienen pequeñas cantidades que reclamar.

Fachada de los Juzgados de Plaza de Castilla
Fachada de los Juzgados de Plaza de Castilla |Europa Press
Andrea Millet Just
Fecha de actualización:

Perder el trabajo ya es una preocupación suficiente. A partir de ese momento llegan las preguntas: cómo pagar los gastos, cuánto tiempo se tardará en encontrar otro empleo y qué hacer si la empresa no ha respetado nuestros derechos. Lo último que debería añadirse a esa situación es descubrir que el trámite pensado para evitar una demanda llega tan tarde que hay que demandar igualmente.

Como abogada, considero que esta es una realidad sobre la que debemos poner el foco. No basta con que la ley reconozca derechos: también deben existir medios para defenderlos sin que el camino se convierta en un motivo para abandonar.

Antes de acudir al juzgado por un despido, con carácter general hay que intentar una conciliación. Estos servicios se conocen como SMAC o CMAC, entre otras denominaciones, según el territorio. Su finalidad es ofrecer a empresa y trabajador una oportunidad de acuerdo que permita resolver el conflicto sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial.

La idea es necesaria y útil. Lo que cuestiono es qué ocurre cuando esa oportunidad llega demasiado tarde.

El riesgo de perder el plazo para reclamar mientras se espera la conciliación

En mi experiencia profesional he encontrado papeletas presentadas en agosto con cita para noviembre. No hablo de todos los expedientes ni de una estadística oficial, sino de situaciones que muestran el problema que pueden generar las demoras en algunos de estos servicios. Para una persona sin conocimientos jurídicos, lo lógico puede ser pensar: “Ya he presentado la reclamación y me han dado una fecha; ahora me toca esperar”.

Pero en un despido esa espera puede ser peligrosa. El plazo general para impugnarlo es de veinte días hábiles. Presentar la papeleta de conciliación detiene temporalmente ese plazo, pero no lo mantiene parado hasta cualquier fecha que señale la Administración. Una cita para dentro de varios meses no significa que se pueda esperar varios meses para demandar. Así resulta de las reglas sobre plazos y conciliación de la Ley reguladora de la jurisdicción social.

Ahí está la contradicción: el trabajador puede verse obligado a presentar una demanda para conservar su posibilidad de reclamar, antes de haber podido sentarse con la empresa a intentar un acuerdo.

Acudir al juzgado no es un paso sin consecuencias. Hay que preparar la demanda, reunir documentos, controlar plazos y afrontar la incertidumbre de un procedimiento. Si se contrata asistencia profesional privada, también habrá que asumir sus honorarios. Conviene aclararlo: en primera instancia laboral, con carácter general, no es obligatorio contratar abogado o graduado social. Además, la ley reconoce a los trabajadores el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el orden social. Son vías importantes sobre las que debe facilitarse información desde el primer momento. Así lo recogen el artículo 21 de la Ley reguladora de la jurisdicción social y el artículo 2.d de la Ley de asistencia jurídica gratuita.

Pero poder actuar sin abogado no convierte un procedimiento en sencillo para quien nunca ha presentado una demanda. Tampoco elimina el tiempo, la preocupación o las dificultades de tramitarla. Por eso, no considero suficiente responder al trabajador que puede demandar por su cuenta. La pregunta es otra: ¿por qué debe asumir las cargas de iniciar un procedimiento judicial cuando todavía no ha podido utilizar de forma efectiva el servicio pensado para evitarlo?

Un acuerdo posterior puede evitar el juicio, y eso sigue siendo valioso. Pero no borra las gestiones, la incertidumbre ni los posibles gastos que ya se hayan asumido para presentar la demanda.

Los trabajadores con poca antigüedad, entre los más perjudicados

El problema afecta a trabajadores y trabajadoras con independencia de su antigüedad. Sin embargo, puede resultar especialmente duro para quienes llevan poco tiempo en la empresa. Cuando la indemnización se calcula en función del tiempo trabajado, una relación laboral breve puede traducirse en una cantidad reducida.

No todo despido da derecho a indemnización; eso depende del tipo de extinción y de su calificación. Pero cuando sí existe un derecho que reclamar, una cantidad pequeña no debería recibir una protección menor. El Estatuto de los Trabajadores regula las consecuencias de cada tipo de despido; la dificultad de defenderse no debería decidir cuáles llegan a hacerse efectivas.

Para quien acaba de quedarse sin empleo, ese dinero puede ser importante. Aun así, ante los trámites, la espera y los posibles gastos, puede acabar planteándose si le compensa seguir adelante. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, aparece una desprotección que debemos denunciar. No porque no exista una vía legal, sino porque las dificultades para recorrerla pueden empujar a renunciar.

La ley puede reconocer un derecho. Pero si la persona siente que defenderlo le exige un esfuerzo que no puede asumir, ese reconocimiento corre el riesgo de quedarse en el papel. La demora no pesa igual sobre quien necesita cobrar que sobre quien mantiene pendiente ese pago.

Si las dificultades llevan a abandonar una reclamación fundada, la empresa que debía responder puede acabar beneficiándose. No porque el retraso le haya dado la razón, sino porque el derecho no llega a hacerse efectivo.

No se trata de afirmar que todas las empresas incumplen ni de atribuirles las demoras administrativas. Se trata de advertir de una consecuencia que no deberíamos aceptar: que las barreras para reclamar puedan favorecer a quien no ha cumplido con sus obligaciones.

Eso perjudica a las personas trabajadoras y también debería preocupar a las empresas que sí cumplen. Respetar los derechos laborales no puede resultar menos ventajoso que confiar en que la otra parte no llegue a reclamarlos.

Cuando hablo de indefensión, me refiero a esa desprotección práctica: tener un derecho y encontrar tantas dificultades para defenderlo que se termine renunciando a él. No significa que cualquier retraso constituya automáticamente una vulneración constitucional. Significa que no podemos conformarnos con decir que siempre queda la posibilidad de demandar. Precisamente para evitar llegar a ese punto existe la conciliación previa.

Por eso considero necesario reforzar los servicios donde se producen demoras, revisar su organización y ofrecer información clara desde que se presenta la papeleta. Nadie debería confundir una cita oficial con la garantía de que su plazo está protegido hasta ese día.

También deben facilitarse el acceso a la asistencia jurídica gratuita y las herramientas para quienes decidan reclamar por sí mismos. Pero esas medidas no sustituyen lo esencial: que la conciliación llegue a tiempo para cumplir su finalidad.

No se trata de garantizar que toda reclamación prospere. Se trata de que cualquier trabajador o trabajadora tenga una oportunidad real de defenderla y de intentar un acuerdo antes de verse obligado a acudir al juzgado.

Si para no perder nuestros derechos tenemos que demandar antes de poder conciliar, algo está fallando. Y no debería ser la persona que acaba de perder su empleo quien cargue con las consecuencias.