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El Gobierno endurece las multas por ocultar información de los contratos y reconoce el derecho de los trabajadores a conocer los salarios

Obligará a informar del sueldo en las ofertas de empleo, prohibirá preguntar a los candidatos cuánto cobraban antes y establecerá nuevas garantías sobre los periodos de prueba y las horas complementarias.

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Arcadi España, Yolanda Díaz, Elma Saiz y Óscar López en el Consejo de Ministros |Europa Press
Esperanza Murcia
Fecha de actualización:

El Ministerio de Trabajo ha apurado el fin de la legislatura para sacar adelante varias medidas que tenía pendientes. Y es que en el Consejo de Ministros de hoy no solo se ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sino que, en un único Real Decreto-Ley (que deberá convalidarse en la Diputación Permanente), ha aprobado completar la transposición de la directiva europea de condiciones laborales transparentes y previsibles (Directiva UE 2019/1152) así como la de igualdad retributiva entre mujeres y hombres que realizan un mismo trabajo o trabajo de igual valor (Directiva UE 2023/970).

Ambas son de gran calado para los trabajadores. Como se decía, la directiva de condiciones laborales se había transpuesto parcialmente, por lo que parte de estas obligaciones ya estaban en vigor desde el pasado 5 de octubre, cuando entró en vigor el Real Decreto 723/2026. Desde entonces, las empresas ya debían facilitar información más detallada sobre aspectos como el salario base, los complementos salariales, la jornada laboral, los horarios o el uso de sistemas automatizados que pudieran afectar a las condiciones de trabajo. Por tanto, no se trata de una obligación completamente nueva, sino de una ampliación de los derechos que ya se habían reconocido.

La principal novedad, como ha anunciado hoy el Ministerio de Trabajo, es que estas obligaciones de información se extenderán a todas las relaciones laborales, independientemente de su duración, eliminando el límite de cuatro semanas que contemplaba la normativa anterior. Además, la reforma introduce nuevas garantías para los trabajadores a tiempo parcial, que podrán rechazar horas complementarias si no se respeta el preaviso y tendrán derecho a cobrar las ya convocadas cuando se cancelen. 

También establece nuevos límites al periodo de prueba, refuerza el derecho a trabajar para varias empresas y permite solicitar puestos con condiciones más estables y previsibles. De esta forma, el Ejecutivo completa la adaptación de la legislación española a la directiva europea, incorporando medidas que no se habían desarrollado en la reforma de septiembre.

Nuevos límites al periodo de prueba y más derechos para los trabajadores a tiempo parcial

Uno de los cambios más importantes afecta al periodo de prueba, que tendrá una duración máxima de seis meses y solo podrá ampliarse mediante convenio colectivo cuando existan causas justificadas. Entre ellas, el Ministerio de Trabajo señala la naturaleza del puesto o determinadas circunstancias que dificulten evaluar al trabajador, como una incapacidad temporal, un permiso por nacimiento o un ERTE.

En los contratos de seis meses, el periodo de prueba no podrá superar un mes, mientras que en los de duración inferior deberá reducirse proporcionalmente. De esta manera, se busca evitar que los trabajadores pasen una parte excesiva de su contrato en periodo de prueba, durante el cual la relación laboral puede extinguirse sin necesidad de alegar una causa de despido.

La reforma también refuerza el derecho al pluriempleo. Esto significa que una empresa no podrá prohibir a sus trabajadores que presten servicios para otras compañías, salvo que existan razones objetivas que lo justifiquen o se haya firmado un pacto de plena dedicación con la correspondiente compensación económica. Así, los empleados podrán compatibilizar varios trabajos sin que su empresa pueda impedírselo de forma injustificada.

Por último, aunque el Estatuto de los Trabajadores ya obligaba a informar a los empleados temporales sobre las vacantes disponibles y permitía solicitar determinados cambios de jornada, se reconoce el derecho de todos los trabajadores a conocer las oportunidades de empleo que surjan dentro de su empresa y a solicitar un cambio de contrato o de puesto para acceder a condiciones laborales más estables y previsibles. Esto no implica que la empresa tenga que aceptar automáticamente la petición, pero sí permite al empleado solicitar esa mejora cuando existan oportunidades disponibles.

Las empresas tendrán que informar del salario en las ofertas de empleo y no podrán preguntar cuánto cobrabas antes

Con la transposición de la directiva de igualdad retributiva, las ofertas de empleo deberán incluir la retribución o el nivel retributivo iniciales del puesto, basados en criterios objetivos y neutros con respecto al género, así como el convenio colectivo que resulte de aplicación.

Además, las empresas y las entidades que participen en los procesos de selección, tanto públicas como privadas, no podrán preguntar a los candidatos cuánto cobran en su empleo actual ni cuánto ganaban en trabajos anteriores. Asimismo, las ofertas de empleo y los nombres de los puestos deberán utilizar un lenguaje neutro en cuanto al género, con el objetivo de evitar discriminaciones y garantizar que hombres y mujeres reciban el mismo salario por realizar un trabajo igual o de igual valor.

También se reconoce el derecho de los trabajadores a conocer información sobre los salarios que se pagan en su empresa. En concreto, podrán solicitar y recibir por escrito, en un plazo máximo de dos meses, información sobre su propia retribución y sobre los salarios medios de quienes realizan el mismo trabajo o uno de igual valor, desglosados por sexo. Esto no significa que puedan conocer cuánto cobra cada compañero de forma individual, sino las retribuciones medias correspondientes a su grupo o categoría profesional.

Además, las empresas no podrán incluir en los contratos cláusulas que prohíban a los trabajadores hablar sobre su propio sueldo, ya que estas serán consideradas nulas. La reforma también refuerza la protección frente a represalias, incorporando expresamente la garantía de indemnidad a la reforma, indicando que ningún trabajador podrá ser sancionado ni recibir un trato desfavorable por reclamar sus derechos laborales, ya sea ante la propia empresa o por vía judicial.

Endurecimiento de las sanciones

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno también contempla un endurecimiento del régimen sancionador para las empresas que incumplan las nuevas obligaciones de información y transparencia salarial. Uno de los principales cambios es que no facilitar a los trabajadores información sobre los elementos esenciales de su contrato dejará de considerarse una infracción leve, sancionada actualmente con multas de entre 70 y 750 euros, para pasar a ser una infracción grave, con sanciones que, con carácter general, van de 751 a 7.500 euros.

La reforma también refuerza las sanciones relacionadas con los planes y medidas de igualdad, cuyos incumplimientos ya estaban tipificados como infracciones graves en determinados supuestos. A ello se suma la consideración como infracción grave de no facilitar a los candidatos la información obligatoria durante los procesos de selección, como la retribución inicial del puesto. 

Por su parte, las represalias contra trabajadores que hayan reclamado sus derechos, tanto por vía judicial como extrajudicial, quedarán expresamente recogidas como infracciones muy graves, reforzando una protección que ya existía en el ordenamiento jurídico. Esta misma calificación se aplicará a la solicitud de datos prohibidos durante los procesos de contratación y a las decisiones discriminatorias en el acceso al empleo, conductas que ya podían ser sancionadas como muy graves en determinados casos.

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), las infracciones muy graves en materia laboral pueden alcanzar multas de entre 7.501 y 225.018 euros, dependiendo de su gravedad y de las circunstancias de cada caso.