La Coalición Líneas Rojas Innegociables contra el abuso de la temporalidad en el empleo público, que está compuesta por más de 50 organizaciones, ha mandado un mensaje a la Comisión Europea en el que piden desbloquear el procedimiento de infracción contra España y que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al que piden una sanción económica.
Han insistido a Bruselas para que rechace la prórroga hasta el mes de marzo de 2027 que solicitó el Gobierno por medio del Ministerio de Función Pública, para tener más tiempo para cumplir los compromisos adquiridos para la reducción de la temporalidad en el sector público y piden que se lleve a cabo una reparación para el personal afectado.
Además, han convocado una manifestación este jueves 24 de septiembre a las 11:00 en la Representación de la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana de Madrid. Esta protesta va a coincidir con una reunión sobre empleo público temporal en la que están citados el departamento de Óscar López, las Comunidades Autónomas (CCAA) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La denuncia está centrada en que el Gobierno sigue sin aprobar un marco normativo que garantice la reparación a los trabajadores afectados por este abuso de temporalidad, obligándoles a acudir a la vía judicial y a afrontar costas en algunos casos.
Los procesos extraordinarios de estabilización no han bastado para contentar a los afectados y señalan a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, a los que acusan de participar en los acuerdos de los que han surgido estas medidas.
España se expone a perder 626,6 millones de euros
La plataforma de interinos avisa de que España está expuesta a perder de manera definitiva y no sólo temporal, 626,6 millones de euros que están vinculados al hito 144 del Plan de Recuperación de la UE, en el que se pide una norma efectiva con sanciones disuasorias y medidas contra el abuso de la temporalidad en el sector público.
Como ha recordado esta organización, el plazo asociado a este punto terminó en el mes de agosto sin que se consiguiera lo que exigían los dos órganos comunitarios. Ahora, piden a Bruselas que se mantengan estos fondos hasta que España cumpla con lo que pide Europa, recordando que el 29 terminó el plazo del dictamen motivado que emitió la Comisión sin que se tomasen medidas suficientes, por lo que rechazan que se concedan nuevos aplazamientos y piden una reunión en la CE para trasladar sus propuestas.
Recientemente, presentaron en el Congreso de los Diputados una propuesta con “líneas rojas innegociables” dirigida al Grupo Parlamentario Socialista, donde aparecen las condiciones mínimas que debería cumplir cualquier reforma legislativa diseñada para este fin en el sector público español.
Entre estos puntos se encuentra la inclusión de los colectivos afectados, la reparación de aquellas personas que hayan sufrido el abuso y una sanción para las administraciones que no han cumplido.
