Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) ha presentado el informe ‘Food for thought: aportaciones al debate sobre políticas públicas’ que en esta ocasión versa sobre el sistema de pensiones y la sostenibilidad del modelo actual. Un tema de actualidad debido al uso que están haciendo de él los distintos partidos políticos durante la campaña electoral. Como dato a tener en cuenta, en 2027, la Seguridad Social va a subir las pensiones de jubilación 57 euros de media, en caso de que el IPC (Índice de Precios al Consumo) llegue al 4,5% en noviembre aunque si baja al 4,3%, el alza será de 55 euros según las previsiones lanzadas por Funcas.
Los economistas de Fedea, Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso Sánchez, han planteado que se sustituya el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) que incrementa las cotizaciones de trabajadores y empresas, por un recargo en el IRPF que ayude a sostener y financiar el sistema de pensiones. Uno de los problemas que pesan sobre las arcas públicas es el déficit en estas prestaciones y por eso lanzan al aire la pregunta de si aumentar las cotizaciones será la mejor solución para afrontar un gasto que no deja de crecer.
En el informe se propone que parte de los recursos adicionales que necesitase la Seguridad Social se puedan conseguir con un cargo proporcional sobre la cuota del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) que sustituiría al MEI y a la llamada ‘cuota de solidaridad’.
La cuota de solidaridad es una cotización extra a la Seguridad Social que pagan los trabajadores que cuentan con los sueldos más altos y sus empresas, que se puso en marcha el 1 de enero de 2025, dentro de la reforma de las pensiones.
Aumentar los ingresos de la Seguridad Social
Actualmente, las arcas públicas de las pensiones están en el centro del debate político, más aún desde que el Tribunal de Cuentas publicase que se habían empleado Fondos Europeos para pagarlas. Una de las soluciones a las que se aferran desde Fedea es al cambio en el MEI para aumentar los ingresos con una cotización extraordinaria que soportarían los trabajadores y las empresas. Se aplicaría de modo progresivo hasta llegar a los 1,2 puntos porcentuales en 2029 y se mantendría, al menos, hasta 2050.
Los autores del estudio apuntan a que no ven claro que la financiación adicional de las pensiones deba estar sobre las cotizaciones sociales. Aseguran que un aumento de las cuotas podrá tener malas consecuencias en el empleo y en el reparto de cargas generacionales.
“Otra posible fuente de recursos adicionales sería subir las cuotas sociales, pero no hay que abusar demasiado de esta posibilidad por los efectos adversos sobre el empleo y la equidad intergeneracional”, citan textualmente en el informe.
“Un recargo que sea proporcional sobre la cuota estatal del IRPF que para empezar, podría reemplazar al MEI y a la cuota de solidaridad”. Con esto se evitaría que los costes adicionales de financiar las prestaciones contributivas estén concentrados en una parte concreta de la población y que además se ayudaría a visibilizar el coste de financiar las pensiones facilitando los debates de contención de gasto.
La tendencia sigue siendo a un déficit elevado
La propuesta de cambiar el MEI está dentro de las ideas avanzadas por Fedea para equilibrar el futuro de las pensiones en España y según los datos de este estudio, en 2005 se registró un saldo positivo que alcanzó los 64.000 millones de euros en 2025, el 3,8% del PIB.
Este déficit del sistema de pensiones podrá subir 2,3 puntos del Producto Interior Bruto entre los años 2025 a 2050, destinando cada año seguros adicionales que equivalen a unos seis puntos de este indicador para poder financiarlo.
Avisan de un sistema que es “demasiado generoso” en relación con los recursos de que se dispone considerando necesario que entren en juego medidas de contención del gasto.Por ejemplo, ampliar de forma progresiva el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral de la persona, sin que se descarten los meses de cotizaciones más bajas.
Habría que recuperar el factor de sostenibilidad vinculando en el futuro la edad legal de jubilación a la esperanza de vida, aunque se contemplen excepciones.
No es posible recortar las pensiones ya activas
Hay una conclusión polémica a la que han llegado estos autores y es la imposibilidad de ‘meter la tijera’ a las pensiones ya activas y apuntan a que cualquier medida que suponga una bajada en las prestaciones reconocidas, incluso cuando hay subidas menores al IPC “debería descartarse porque es inviable”.
Pero hay otras opciones como por ejemplo, una transición gradual hacia un sistema nacional de cuentas que es parecido al que se emplea en algunos países nórdicos como Suecia donde las pensiones están más vinculadas a las cotizaciones realizadas y al aumento de la economía.
