La ‘Coalición Líneas Rojas Innegociables contra el abuso de la temporalidad’ ha puesto en conocimiento de que la Comisión Europea no ha dado al Gobierno español la prórroga que pedían en el procedimiento de infracción que se estaba cometiendo con el exceso de contratos temporales en el empleo público, algo que ya venía demandando la propia asociación de interinos, que estaba poniendo al Gobierno contra las cuerdas en este tema.
La confirmación se ha producido tras la reunión que han tenido este mismo jueves en Madrid los portavoces de la plataforma que representa a los trabajadores interinos y Eduardo Gómez, consejero económico de la Representación de la Comisión Europea, justo cuando estaba teniendo lugar la concentración de este grupo frente a la sede comunitaria.
Tal y como han comunicado los representantes de Coalición Líneas Rojas después de la reunión mantenida, las autoridades europeas han dejado claro que “no hay ninguna prórroga ya concedida al Gobierno de Pedro Sánchez”, incidiendo en que por tanto el expediente sigue adelante y que de aquí a dentro de “tres o cuatro meses” podría llegar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), principal reivindicación de las asociaciones de interinos.
Y es que la propia ‘Coalición Líneas Rojas’ lleva ya tiempo exigiendo a Bruselas que no concediera la prórroga hasta marzo de 2027 que pedía el Ministerio de Función Pública. La alianza, integrada por más de 50 organizaciones, había reclamado acelerar el envío del expediente al TJUE con una petición de sanción económica, una postura que cobra fuerza tras la protesta celebrada este jueves al constatarse que el Ejecutivo no dispone de ningún aplazamiento concedido.
Riesgo de pérdida definitiva de 626 millones en fondos europeos
Junto a la vía judicial comunitaria, la organización ha alertado del impacto económico que puede llegar a tener de cara al Estado. Concretamente, la plataforma avisa de que España podría llegar a perder de manera definitiva 626,6 millones de euros que forman parte de lo que se llama el ‘Hito 144 del Plan de Recuperación’, ya que el plazo para esto venció el pasado 31 de agosto sin cumplir con las exigencias comunitarias sobre sanciones disuasorias contra el abuso de contratación temporal. Por ello, el colectivo ha solicitado mantener la suspensión de estos fondos hasta que se garantice una reparación efectiva a los trabajadores afectados, cuestionando la eficacia de los procesos extraordinarios de la Ley 20/2021.
Cuestionamiento a los planes de sanción de Función Pública
La posición trasladada desde Bruselas añade presión sobre el Ministerio de Función Pública, encabezado por Óscar López, que recientemente anunció la preparación de sanciones y un sistema de alertas para detectar a las administraciones que mantengan a empleados temporales durante más de tres años en puestos estructurales.
Aquella medida se planteó tras pedir más tiempo a la Comisión Europea para negociar con las Comunidades Autónomas y dar respuesta a una problemática que afecta a casi 200.000 trabajadores públicos en situación de abuso de un total de 900.000 interinos. Sin embargo, las organizaciones de interinos sostienen que estas medidas resultan insuficientes y obligan a las víctimas de abuso a acudir a la vía judicial para reclamar sus derechos.
