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La Diputación Permanente votará este jueves los decretos de vivienda con medidas sobre alquileres, desahucios y compra de inmuebles

El Congreso decidirá si mantiene las dos normas aprobadas por el Gobierno, que incluyen préstamos de hasta 50.000 euros para comprar una primera vivienda y nuevas condiciones para los contratos de alquiler.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez | Gustavo Valiente / Europa Press
Lucía Rodríguez Ayala
Fecha de actualización:

La Diputación Permanente del Congreso debatirá y votará el próximo jueves, 12 de noviembre, los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, que incluyen medidas para facilitar el acceso a una vivienda, limitar los desahucios y regular los contratos de alquiler. La votación tendrá lugar un día después de la huelga general y horas antes del inicio de la campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre.

Según el orden del día recogido por Europa Press, los diputados deberán decidir si convalidan o derogan ambas normas, que ya entraron en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La decisión corresponderá a la Diputación Permanente porque las Cortes están disueltas por el adelanto electoral. Este órgano mantiene la actividad parlamentaria durante ese periodo y puede pronunciarse sobre los decretos leyes aprobados por el Ejecutivo.

Los decretos incluyen préstamos para comprar vivienda y nuevas condiciones para los alquileres

El Gobierno aprobó dos textos con medidas diferentes. El primero recoge un conjunto de actuaciones para intervenir en el mercado de la vivienda ante el aumento de los precios, mientras que el segundo establece nuevas obligaciones para los propietarios que decidan poner fin a determinados contratos de alquiler.

Entre las medidas del primer decreto destaca la creación de 'Tu Casa', un mecanismo gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que contempla préstamos de hasta 50.000 euros para la compra de una primera vivienda. El programa contará con una dotación de 10.000 millones de euros.

La norma también incorpora un fondo de 400 millones de euros para fomentar la construcción de viviendas a través de entidades y proveedores sociales.

Además, establece mayores restricciones a la compra especulativa de inmuebles por parte de los denominados fondos 'buitre' e incluye bonificaciones fiscales dirigidas tanto a propietarios como a inquilinos.

En materia de alquiler, el primer decreto contempla la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y regula una prórroga automática de los contratos de arrendamiento hasta 2028.

Por su parte, el segundo decreto introduce cambios en la duración de los alquileres. Una vez transcurridos cinco años de contrato, o siete cuando el propietario sea una empresa, el arrendamiento se prorrogaría automáticamente durante otros cinco años.

Si el propietario decidiera poner fin al contrato en las condiciones previstas por la norma, tendría que abonar al inquilino una indemnización equivalente a un año de alquiler.

El primer decreto tiene apoyos para salir adelante, pero el segundo podría ser rechazado

La votación llega después de que el Gobierno intentara sacar adelante estas medidas a principios de octubre sin conseguir el respaldo suficiente del Congreso. En aquella ocasión, PP, Vox, Junts y UPN se opusieron a los dos decretos, mientras que el PNV y Coalición Canaria también rechazaron el texto que regula las indemnizaciones a los inquilinos.

Tras el adelanto electoral, el Ejecutivo volvió a aprobar las normas con algunas modificaciones para someterlas a la votación de la Diputación Permanente.

Este órgano está formado por 69 diputados, de los cuales 34 pertenecen a PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos, mientras que otros 34 corresponden a PP, Vox y Junts. El escaño restante pertenece al PNV.

La formación vasca ya anunció que apoyará el decreto que reúne las medidas generales de vivienda, pero votará en contra del que establece las indemnizaciones a los arrendatarios.

Con este reparto, el primer decreto podría convalidarse con 35 votos a favor y 34 en contra, mientras que el segundo no cuenta, por ahora, con los apoyos necesarios para mantenerse en vigor.