Seguir

Frente Amplio propone que todos los trabajadores puedan jubilarse a los 65 años y que ninguna pensión sea inferior al salario mínimo

La coalición liderada por Ada Colau plantea igualar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional y recuperar la edad de jubilación de 65 años, dos medidas que costarían unos 20.000 millones de euros anuales.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau
Frente Amplio propone que todos los trabajadores puedan jubilarse a los 65 años y que ninguna pensión sea inferior al salario mínimo |Carlos Luján / Europa Press
Antonio Montoya
Fecha de actualización:

Frente Amplio ha propuesto fijar la edad máxima de jubilación en los 65 años y garantizar que ninguna pensión quede por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), situado actualmente en 1.221 euros mensuales. Así lo anunció su candidata a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante una manifestación en defensa de las pensiones públicas celebrada el pasado sábado 24 de octubre en Madrid, donde también dijo que las prestaciones de los jubilados deberían subir al mismo ritmo que el salario mínimo.

Un par de propuestas que forman parte del programa electoral que la coalición ha presentado de cara a estas próximas elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre. Una agrupación política que engloba a Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns. La formación cree que cada una de estas medidas tendría un coste aproximado de 10.000 millones de euros anuales.

En cuanto a las pensiones, Colau ha defendido que los jubilados también deben beneficiarse de las mejoras del salario mínimo. "Si estamos subiendo el SMI porque el coste de la vida no para de aumentar y los salarios tienen que seguir aumentando, lo lógico es que las pensiones suban al mismo ritmo que el SMI", ha señalado.

Para justificar esta propuesta, Frente Amplio asegura que actualmente 4,6 millones de pensionistas cobran menos de 1.221 euros al mes, mientras que dos millones perciben menos de 900 euros y dos de cada tres mujeres pensionistas no llegan a los 1.000 euros mensuales. Por ello, consideran que establecer una pensión mínima equivalente al SMI también contribuiría a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres.

Su idea es recuperar la jubilación a los 65 años frente a los 67 previstos para 2027

La segunda medida busca establecer "de manera clara y contundente" los 65 años como edad máxima de jubilación, independientemente de que el trabajador haya alcanzado determinados periodos de cotización.

Esta propuesta supondría modificar el calendario de jubilación vigente en España, ya que a partir del 1 de enero de 2027 será necesario tener 38 años y seis meses cotizados para poder jubilarse a los 65 años sin penalizaciones por edad. Quienes no alcancen ese periodo deberán esperar hasta los 67 años para acceder a la jubilación ordinaria, según establece la Ley General de la Seguridad Social.

De esta forma, 2027 marcará el final del calendario progresivo de aumento de la edad de jubilación que comenzó en 2013. Actualmente, en 2026, la edad ordinaria está fijada en 66 años y diez meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses.

Frente Amplio considera necesario revertir este retraso, ya que, según los datos que aporta, la edad media real de jubilación ha pasado de algo menos de 64 años en 2012 a más de 65,4 años en 2026.

Cómo pretende financiar Frente Amplio estas medidas

Para hacer frente a los cerca de 20.000 millones de euros anuales que costarían ambas propuestas, la coalición plantea que "las grandes empresas y fortunas paguen lo que les corresponde".

En concreto, propone establecer una tributación mínima efectiva para las grandes empresas y un impuesto del 2% sobre los patrimonios superiores al millón de euros para financiar la subida de las pensiones mínimas.

Por otro lado, para recuperar la jubilación a los 65 años plantea eliminar progresivamente el tope máximo de cotización, con el que estima recaudar entre 7.000 y 8.500 millones de euros, y reforzar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) mediante aportaciones adicionales de las empresas más automatizadas.

No obstante, se trata por el momento de propuestas electorales y no de medidas aprobadas, por lo que su aplicación dependería de los resultados de las elecciones y de los apoyos parlamentarios que consiga la formación.