El pleno del Senado rechazó ayer la enmienda presentada por el PNV para incorporar en la nueva ley de discapacidad la exención fiscal para las indemnizaciones del fondo de compensación de las víctimas del amianto. La medida, por el momento, solo se ha implantado en Navarra y el País Vasco, al disponer de un régimen foral.
El objetivo, así, era que la exención se extendiera a las víctimas de todo el país, como ha ocurrido con otros colectivos. De ese modo, de haber salido adelante la enmienda (defendida por la senadora del PNV Nerea Ahedo), los afectados no se verían obligados a cotizar en tramos más altos en el ejercicio en el que cobran la indemnización, como ocurre ahora.
Sin embargo, los votos en contra del PSOE y la abstención de la mayoría de los grupos, incluyendo el PP, han tumbado la iniciativa. “Para discriminar a trabajadores que perdieron la salud o la vida de manera injusta sí saben ponerse de acuerdo”, recriminó CCOO en redes sociales. Desde el sindicato recordaron que esa exención del IRPF sí se aplica en otros colectivos, como el del VIH, de la talidomida, de los incendios forestales o en las ayudas de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.
CCOO y UGT hablan de “maltrato institucional”
Esta misma semana, CCOO y UGT lanzaron un comunicado conjunto para pedir a los grupos parlamentarios el apoyo de esta medida, que finalmente no se ha conseguido. Ambos sindicatos afirmaron que sería un primer paso para “solucionar el maltrato institucional que las víctimas del amianto vienen sufriendo”.
En este sentido, aseguraron que tanto la Ley 21/2022 de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto como el Reglamento de desarrollo que se creó después presentan “graves deficiencias” que no permite cumplir con el objetivo de “evitar los largos procesos judiciales” fijado en la propia ley.
“Buena prueba de ello son las escasísimas solicitudes de indemnización presentadas por las personas afectadas en el año que lleva en vigor el Fondo”, denunciaron, informando que, a 4 de septiembre del 2026, tan solo 106 víctimas habían recibido la indemnización, a pesar de que dentro de dos semanas cumple un año desde que entró en vigor el Reglamento de la Ley.
“El montante económico desembolsado hasta ahora alcanza la cifra de 6.344.794,76 euros, cifra que queda muy lejos de los 25 millones asignados anualmente por los PGE, siendo además el quinto año consecutivo que el dinero asignado quedará en las arcas del Estado”, agregaron.Este rechazo se suma a una serie de circunstancias que, para CCOO y UGT, han extendido “una sensación de abandono” en el colectivo.
“El retraso de años en la tramitación legislativa de la normativa del fondo de compensación, las escasas cuantías establecidas para las indemnizaciones, restringir la posibilidad de presentar las solicitudes exclusivamente a las personas que tengan ya reconocida una incapacidad permanente por contingencia profesional o la ya citada falta de exención fiscal han contribuido a desanimar a las víctimas en optar por este recurso, extendiendo una sensación de abandono entre el colectivo y a convertir en ineficaz un dispositivo que se creó para compensar a una parte de la ciudadanía cuyas vidas se vieron afectadas por el retraso del Estado español en prohibir el uso de una sustancia cancerígena, a pesar de la existencia de una evidencia científica sólida sobre sus efectos nocivos para la salud y que exigía su erradicación”, expusieron.
Precisamente, el Senado también ha rechazado una segunda enmienda del PNV para que el Gobierno, en un periodo de tres meses, revisara el reglamento para ampliar los posibles beneficiarios.
