Hace apenas cuatro meses, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, presentaba los cambios en el sistema de dependencia en España, entre los que se contemplaba una subida en las ayudas de hasta 660 euros al mes como parte de una ambiciosa inversión por parte del Gobierno de 2.216 millones de euros. Ahora, el Imserso (Instituto de Mayores y Derechos Sociales) ha publicado en su página web un informe del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el que se confirma que 150.760 personas tienen derecho reconocido, pero no reciben una prestación efectiva a 30 de septiembre.
La mayor parte, 117.017, se encuentran a la espera de que salga la resolución del Programa Individual de Atención (PIA), que será el que concrete a qué prestaciones o servicios tienen derecho. Y a estas hay que añadir 33.743 que cuentan con el programa ya aprobado, pero que no están cobrando ninguna ayuda.
En el mes de septiembre, que es cuando se ha cerrado el informe, había 1.782.644 personas que contaban con la resolución PIA, 105.602 niñas que las que había en 2025 de las que 1.748.901 cobraban, al menos, una prestación efectiva, bien como servicio o como ayuda económica.
Aumenta la lista de espera en el programa de atención
Como apuntan desde este organismo, que depende directamente del Ministerio de Bustinduy, el número de personas que tienen el derecho reconocido, pero que están esperando a conocer su programa de atención, pasó de 107.327 en diciembre de 2025 a 117.017 en septiembre de 2026, un aumento de 9.690 personas (9,03%) durante los nueve primeros meses del año.
Muchos de ellos siguen esperando y, como apetece en la documentación que se puede consultar a través de la web del Imserso (Información destacada del SAAD, estadística mensual), hay 89.162 personas dependientes del PIA desde hace seis meses o más, pero no aparece ningún motivo de exclusión no imputable a la administración.
En el lado contrario, quienes tienen el programa ya aprobado, donde 6.398 llevan seis meses pendientes de que se haga efectiva alguna prestación, sin saber si están excluidos. El documento oficial apunta a que algunas prestaciones pueden no haber comenzado por causas ajenas a la administración, pero que no todas las situaciones pueden atribuirse al mismo motivo.
Hay que sumar 85.976 solicitantes que están pendientes de que se les resuelva el grado de dependencia, que es una fase anterior que se da antes de comenzar el procedimiento general y que no contabiliza dentro de las 150.760 personas que ya tienen el derecho reconocido, pero a las que no se ha pagado ninguna ayuda.
El Murcia se tarda hasta 529 días en resolver las peticiones
Sobre las Comunidades Autónomas, se aprecian diferencias entre lo que se tarda en unas y en otras en dar respuesta a las peticiones. La media es de unos 293 días, nueve meses y medio. Murcia tiene el plazo más largo, con 529 días, seguida por Asturias con 413 días y Andalucía con 402. Por el otro lado, se encuentran Aragón con 109 días y Castilla y León con 120.
¿Cómo se puede calcular este indicador? Hay que tomar las primeras resoluciones que se hacen entre los días 1 de octubre de 2025 y 30 de septiembre de 2026, y da el tiempo que pasa hasta que se aprueba la prestación, lo que no quiere decir que se empiece a cobrar o se preste el servicio.
El 38% de los dependientes del programa están en Cataluña
Cataluña cuenta con el número más elevado de personas con el derecho reconocido pendientes de que resuelva el PIA, con 44.367. Esto representa el 37,9% del total nacional. Luego se encuentran la Comunidad de Madrid con 13.281, País Vasco con 12.772, la Comunidad Valenciana con 12.412 y Andalucía con 10.853. Son cifras totales que no deberán ser interpretadas sin tener en cuenta las diferencias poblacionales y el tamaño de las Comunidades Autónomas.
A pesar de estos números, las resoluciones siguen aumentando. Las 1.782.644 personas que tienen el PIA aprobado son un 6,30% más que en diciembre de 2025. El número de prestaciones registradas llega a las 2.582.569, el 8% más.
A veces, una misma persona puede tener asignadas varias prestaciones, como la teleasistencia y la ayuda a domicilio. Por eso, el número de prestaciones es mayor que el de las personas atendidas. El balance del mes de septiembre deja en evidencia que se amplía la atención aprobada, manteniendo a más de 150.000 personas que tienen el derecho reconocido y están pendientes de recibir una nueva ayuda.