Construir unas casas prefabricadas en el jardín para alquilarlas a turistas puede ser una forma de conseguir ingresos, especialmente cuando la vivienda se encuentra en una zona con buenas vistas y que recibe muchos turistas. Sin embargo, aunque el terreno sea de nuestra propiedad, no siempre se puede construir libremente en él. En el caso de este hombre en Gales, construyó cuatro cabañas de lujo con jacuzzi en su jardín y ahora el Ayuntamiento le exige que las derribe porque no tenía los permisos necesarios.
Según la información que se ha dado a conocer por The Scottish Sun, el hombre instaló las 4 casas prefabricadas como alquilarlas como alojamiento turístico por 195 libras (unos 225 euros) la noche. Sin embargo, lo hizo sin tener licencia y, cuando la solicitó posteriormente, el Ayuntamiento rechazó autorizar las construcciones porque se encontraban en una zona natural protegida.
Aunque el propietario recurrió la decisión y aseguró que las cabañas eran el principal sustento de su familia, las autoridades mantuvieron la orden de demolición. De hecho, al finalizar el plazo, el hombre se había negado a derribarlas y seguía anunciándolas en plataformas de alquiler.
El Ayuntamiento le obliga a demoler las cabañas, pero el propietario se niega
Tras el rechazo del ayuntamiento de la lehalización de las viviendas y la orden de demolición de las mismas, el hombre recurrió a la decisión, pero el urbanismo le volvió a dar la razón a la administración, al considerar que las cabañas, especialmente sus terrazas y jacuzzis, perjudicaban las vistas de una zona declarada Área de Excepcional Belleza Natural.
Según explicó el inspector, aunque los alojamientos solo eran visibles desde unos 100 metros del sendero costero, ese tramo tenía un importante valor paisajístico que debía protegerse.
Inicialmente, el hombre disponía de seis meses para retirar las construcciones, aunque posteriormente se amplió el plazo a un año para que pudiera cancelar las reservas que ya tenía.
Sin embargo, las cabañas siguen anunciándose y recibiendo visitantes, pese a que la fecha límite para demolerlas ya ha pasado.
Una de las principales quejas del propietario es que considera injusta la decisión, especialmente porque asegura que el Ayuntamiento ha permitido construir otros alojamientos turísticos en la misma localidad.
“Es realmente injusto; hay una regla para nosotros y otra para todos los demás”, lamentó el hombre, que también explicó que los ingresos de las cabañas son fundamentales para mantener a su familia.
“Si esto sucede, no podremos pagar nuestras facturas. Es nuestro sustento, nuestro trabajo a tiempo completo”, aseguró.
Por su parte, el Ayuntamiento ha advertido que está estudiando nuevas medidas legales por el incumplimiento de la orden de demolición. Además, algunos vecinos han mostrado su rechazo a las construcciones, al considerar que todos los propietarios deben cumplir las mismas normas urbanísticas.
¿Qué habría pasado en España si hubiera construido las cabañas sin permiso?
Si esto hubiera ocurrido en nuestro país, las consecuencias podrían haber sido similares, ya que construir cabañas para destinarlas al alquiler turístico también está sujeto a una serie de requisitos urbanísticos, que pueden variar según la comunidad autónoma y el municipio donde se encuentre el terreno.
En este sentido, ser propietario de una parcela no significa que se pueda construir libremente en ella, especialmente cuando está situada en una zona protegida o cuando el planeamiento urbanístico no permite levantar nuevas edificaciones.
Por lo general, antes de instalar este tipo de alojamientos, es necesario comprobar qué construcciones están permitidas y solicitar las autorizaciones correspondientes. Además, si se van a utilizar para alquiler turístico, también deberán cumplirse los requisitos que establezca la normativa de la comunidad autónoma.
Si un propietario construye varias cabañas sin los permisos necesarios, la Administración puede iniciar un procedimiento para exigir su legalización. Sin embargo, si las construcciones no pueden legalizarse porque incumplen las normas urbanísticas, podría ordenar su demolición y obligar al propietario a devolver el terreno a su estado original.
Además, negarse a cumplir una orden de demolición puede tener consecuencias económicas y, en los casos más graves, podrían existir responsabilidades penales.
