Los trabajadores que acreditan 35 años cotizados pueden pedir la jubilación anticipada voluntaria hasta dos años antes de su edad ordinaria de jubilación, a cambio de un recorte de la pensión que se mantiene de por vida (los coeficientes reductores) y que puede llegar hasta el 21%. Con la llegada de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre hay trabajadores que no lo tenían previsto y no saben si adelantarla a este año por si las condiciones cambian y se vuelven más perjudiciales. El abogado laboralista Ignacio Solsona explica que “si antes de terminar el año puedes solicitar una jubilación anticipada en buenas condiciones, adelante, pero no tomes una decisión precipitada por miedo a un futuro cambio que ni siquiera sabemos si va a llegar”.
Solsona no niega que habrá cambios y recuerda que la reforma aprobada a finales de 2021 (la conocida como Ley 21/2021) endureció las jubilaciones anticipadas y que en 2023 llegó una gran reforma de las pensiones. “Todos los partidos políticos que han gobernado de una forma o de otra han endurecido las condiciones de jubilación” resume. Su previsión es que las próximas reformas mejoren la situación de algunos colectivos, pero que en general sigan apretando, ya que los datos demográficos y la Unión Europea apuntan en esa dirección.
Por ejemplo, a quien le corresponda una pensión de 2.000 euros y la adelante 24 meses con menos de 38 años y seis meses cotizados se le aplica un recorte del 21% (según el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social), es decir, 420 euros menos al mes durante toda la jubilación.
Lo que sí cambia el 1 de enero de 2027 y no depende de las elecciones, es la edad ordinaria pasará a ser de 67 años, o de 65 con 38 años y seis meses cotizados (en 2026 son 66 años y 10 meses, o 65 con 38 años y tres meses), según la disposición transitoria séptima.
Además, el porcentaje que se cobra por años cotizados baja 0,98 puntos para carreras de entre 19 años y un mes y 35 años y ocho meses (disposición transitoria novena), unos 14,70 euros al mes con una base reguladora de 1.500 euros. Quien llegue a su edad ordinaria y se jubile hasta el 31 de diciembre lo hace con las reglas de 2026.
Lo que tarda una reforma
Para Solsona, una reforma que empeore las condiciones “tampoco debe quitarle el sueño” a quien vaya a jubilarse en los próximos meses o años, ya que “no suele darse de un día para el otro”. Antes hay que recabar informes económicos, abrir un periodo de consultas y negociar con sindicatos, patronal y asociaciones de autónomos, y “esto puede extenderse durante meses o incluso años”.
Después, el texto tiene que pasar por el Congreso (y por el Senado si es una ley) y publicarse en el BOE. Tras las elecciones, el Gobierno actual queda en funciones y la Ley del Gobierno (se puede consultar en este enlace) le impide presentar proyectos de ley al Congreso, aunque puede aprobar un decreto-ley si acredita que es urgente. Las nuevas Cortes se reunirán por primera vez el 23 de diciembre, según el decreto de convocatoria.
Las reformas de calado, añade el abogado, suelen tener efectos desde el 1 de enero del año siguiente o incluso dos años después, y se aplican poco a poco. La edad ordinaria pasó de 65 a 67 años con pequeños saltos entre 2013 y 2027, y los años que cuentan para calcular la pensión subieron de los últimos 15 a los últimos 25, uno más cada ejercicio hasta 2022 (disposición transitoria octava).
La ampliación actual, hacia un periodo de 29 años del que se descartan los 24 peores meses, también es gradual, pero más lenta, y suma cuatro meses cada año hasta 2037 (disposición transitoria cuadragésima).
Las cláusulas de salvaguarda
El último motivo de tranquilidad son las cláusulas de salvaguarda, “normas transitorias que mantienen las anteriores condiciones de jubilación a ciertas personas que reúnen ciertos requisitos”. Solsona pone el ejemplo de 2022, cuando entró en vigor el endurecimiento de la jubilación anticipada voluntaria y se mantuvieron las reglas anteriores para quienes ya no tenían contrato antes del 1 de enero de ese año. Esa excepción, recogida en la disposición transitoria trigésima cuarta, alcanza solo a quienes tendrían una pensión superior a la máxima y exige no haber vuelto a estar de alta más de 12 meses desde entonces.
Además de la que cita el abogado, hoy funciona otra cláusula de ese tipo para quienes se jubilan entre 2026 y 2040. La Seguridad Social calcula también la base reguladora con la fórmula de los últimos 25 años y aplica la que da más dinero (disposición transitoria cuarta).
Solsona pide calma a quienes se jubilan dentro de uno, tres o cinco años, porque no se verán “gravemente perjudicados” por una reforma que se publique en 2027 o en 2028. “Quienes sí podemos vernos perjudicados somos los que nos jubilamos en el año 2050, pero bueno, cuando llegue esa fecha, pues ya veremos cómo lo afrontamos”, finaliza Ignacio Solsona.
