La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica), CCOO y UGT han reclamado a los grupos parlamentarios que apoyen este miércoles en el Senado la enmienda presentada por el PNV para incorporar en la nueva ley de discapacidad la exención fiscal para las indemnizaciones del fondo de compensación de las víctimas del amianto, una medida que solo se ha aprobado en Navarra y el País Vasco.
Este fondo se creó mediante la Ley 21/2022, pero no incluyó en su texto una exención fiscal en el IRPF como la que gozan otros muchos colectivos, a pesar de ser una de las reclamaciones formuladas por Fedavica y los citados sindicatos durante su tramitación. Este 9 de septiembre se votará en el Senado la citada enmienda, que propone extender esta exención al conjunto del Estado.
Por ello, Fedavica, CCOO y UGT han pedido al conjunto de los grupos parlamentarios de la Cámara Alta el apoyo a la iniciativa del PNV, “para acabar de una vez por todas con esta injusticia, y en especial a los Grupos que respaldan al actual Gobierno”.
Una ley con “graves deficiencias”
Para los sindicatos, que han emitido un comunicado conjunto, la aprobación de esta exención fiscal sería el “primer indicador de interés” por parte del Gobierno en “solucionar el maltrato institucional que las víctimas del amianto vienen sufriendo”.
En este sentido, las organizaciones recuerdan que tanto la Ley 21/2022 como, sobre todo, su Reglamento de desarrollo presentan “graves deficiencias” que no permiten al fondo de compensación cumplir con el objetivo de “evitar los largos procesos judiciales” fijado en la propia ley. “Buena prueba de ello son las escasísimas solicitudes de indemnización presentadas por las personas afectadas en el año que lleva en vigor el Fondo”, denuncian.
Tal así, que a fecha 4 de septiembre del 2026, tan solo 106 víctimas han recibido la indemnización, a pesar de que dentro de dos semanas cumple un año desde que entró en vigor el Reglamento de la Ley. “El montante económico desembolsado hasta ahora alcanza la cifra de 6.344.794,76 euros, cifra que queda muy lejos de los 25 millones asignados anualmente por los PGE, siendo además el quinto año consecutivo que el dinero asignado quedará en las arcas del Estado”, manifiestan CCOO y UGT.
Ambos sindicatos denuncian una serie de factores que, en la práctica, han hecho que las víctimas no se animen a solicitar las ayudas del fondo, “extendiendo una sensación de abandono entre el colectivo y a convertir en ineficaz un dispositivo que se creó para compensar a una parte de la ciudadanía que vio afectada sus vidas por el retraso del Estado español en prohibir el uso de una sustancia cancerígena a pesar de la existencia de una evidencia científica sólida sobre sus efectos nocivos para la salud y que exigía su erradicación”.
Estos factores han sido el retraso de años en la tramitación legislativa de la normativa del fondo de compensación, las “escasas” cuantías establecidas para las indemnizaciones, restringir la posibilidad de presentar las solicitudes exclusivamente a las personas que tengan ya reconocida una incapacidad permanente por contingencia profesional o la ya citada falta de exención fiscal. Así, aprobar la exención, sería el primer paso para dar la vuelta a esta situación.