El Tribunal de Cuentas ha concedido un plazo de cinco días a la Diputación de Badajoz para que, como entidad “presuntamente perjudicada”, decida si reclama la devolución de los salarios abonados a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y a su colaborador Luis María Carrero, o bien aboga por el archivo de la causa.
La reclamación económica parte de distintas acusaciones que han ejercido la acción pública, entre ellas Iustitia Europa, Hazte Oír y Vox, que solicitan el reintegro de más de 427.000 euros cobrados por ambos, después de que la Audiencia de Badajoz condenara a Sánchez (en una sentencia que no es firme) a nueve años de inhabilitación por prevaricación al considerar que su puesto fue creado “a medida” de forma arbitraria-
Según ha podido saber ‘La Razón’, que ha accedido a la diligencia de ordenación, la Diputación debe en el citado plazo manifestarse sobre si decide abrir el procedimiento para reclamar esas cantidades (para lo que se nombraría un delegado instructor) o bien procede al archivo de las actuaciones.
Independientemente de la respuesta de esta, el Tribunal de Cuentas instará a la Fiscalía a que se manifieste sobre la misma cuestión y luego se dirigirá a los actores públicos (de momento Iustitia Europa, Hazte Oír y Vox, pendiente de sumarse el PP) para que formulen sus alegaciones.
El origen del proceso
En una sentencia del 14 de julio de 2026, la Audiencia Provincial de Badajoz consideró arbitraria la creación de la plaza de coordinador de Actividades de los Conservatorios adjudicada a David Sánchez, que posteriormente pasó a denominarse Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas. Asimismo, consideró irregular la creación de la Jefatura de la Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, adjudicada a Luis Carrero.
Por ello, se condenó al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, por un delito de prevaricación administrativa. Entonces, en esta sentencia, la Audiencia no ordenó la devolución de las nóminas porque las acusaciones populares no podían ser consideradas perjudicadas, determinando que la devolución “solo podría ser ejercida por la entidad local pagadora de tales sueldos o por el Ministerio Fiscal si hubiera formulado acusación”.
No obstante, dejó la puerta abierta a acudir al Tribunal de Cuentas, que es lo que se ha activado ahora, tras admitir este tribunal la personación de las citadas acusaciones populares, que solicitaron la apertura de diligencias previas.
Más de 427.000 euros cobrados en nóminas
Según las acusaciones populares, David Sánchez percibió de la Diputación Provincial de Badajoz alrededor de 340.572 euros entre el 10 de julio de 2017 y el 4 de mayo de 2025. Por su parte, Luis María Carrero habría cobrado 86.988 euros entre enero de 2024 y junio de 2025. De ese modo, el total alcanzaría los 427.561 euros.
