El problema de la vivienda no azota sólo a España o Portugal, donde se están registrando las primeras propuestas, sino que se encuentra plenamente instalado en el corazón de la Unión Europea. Por eso, los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de los Veintisiete han aprobado este pasado lunes una recomendación que reforzaría la protección de las familias que están en una situación económica complicada y que por eso se ven abocadas a la pérdida de su vivienda.
La nueva medida propone la activación de mecanismos de alerta temprana, ayudas de emergencia para ayudar al pago de la renta o reforzar las garantías frente a los desahucios forzosos, dentro del marco planteado para evitar el sinhogarismo y la exclusión residencial, que también contempla un aumento de la vivienda asequible y social.
El Consejo de la Unión Europea ha dado luz verde a la proposición (que no es una ley) dentro de un contexto en el que el encarecimiento de la vivienda preocupa cada vez más y propone a los Estados miembros que identifiquen con suficiente antelación a las familias en situación de vulnerabilidad para que les brinden apoyo antes de que pierdan sus casas y les asesoren sobre cómo pagar las deudas, mediación y asistencia económica.
Deberán presentar soluciones que sean reales y que se puedan poner en marcha para personas que están en situación de sinhogarismo, aunque no tengan carácter vinculante.
Mecanismos para identificar hogares vulnerables
Los Veintisiete han puesto sobre la mesa un procedimiento con el que se identificaría a los hogares vulnerables y se actuaría de manera preventiva para evitar que se produzcan situaciones de desamparo, prestando atención a los que se encuentran en problemas para poder afrontar los gastos básicos. Por eso, es necesario que sepan cómo poder hacer frente a las deudas, cómo solicitar las ayudas al alquiler que hay en cada país o CCAA (Comunidad Autónoma), el acceso a los mecanismos de mediación o garantizar una salida cuando se ejecuten desahucios forzosos.
Se amplía el concepto de ‘exclusión residencial’ para que no quede limitado a las personas que viven en la calle de modo exclusivo y entre también a valorar a quienes se encuentran en condiciones inseguras o inadecuadas, como las que no tienen servicios básicos o han sido notificados de un desahucio.
La intención es que “ningún niño se vea privado de una vivienda adecuada” y solicitar que se preste atención a estos menores que dejan los centros de protección o a las familias de acogida, dándoles un alojamiento nuevo y acompañamiento tanto a ellos como a sus familias.
Falta vivienda social a un precio asequible
Dentro de la UE se está constatando un problema muy importante y es la falta de vivienda social a precios bajos, por lo que desde este Consejo se pide que se aumente la construcción de nuevos inmuebles o se rehabiliten los que ya existen. Habría que plantear un modelo alternativo de alojamiento, que gestionarían entidades sin ánimo de lucro y que vayan más allá de un alojamiento temporal.
La intención, como recoge Europa Press, es garantizar una vivienda segura y duradera que vaya de la mano de unos servicios sociales adaptados a cada persona. Precisamente, el colapso de este sistema es otro gran problema, por lo que se propone que la atención se realice desde una ventanilla única, con planes de apoyo individuales.
Un millón de personas viven en la calle
Ha subido el precio de la vivienda más de un 60% (datos recogidos entre 2013 y 2024), por lo que más de un millón de personas no tienen hogar, según señalan desde el Consejo. Los Veintisiete piden a los países que refuercen sus estrategias nacionales y regionales contra la exclusión residencial, marcando objetivos concretos.
Ahora, cada Estado miembro tendrá que decidir cómo aplica las medidas y luego, cada cinco años, deberán informar a la CE de los resultados.