CCOO y UGT han exigido este viernes la no convalidación o retirada del Real Decreto-ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, más conocida como ‘ley de lobbies’, al considerar que “vulnera el papel constitucional de las organizaciones sindicales”. La ley equipara a los sindicatos con los grupos de interés, lo que para ambas organizaciones es “un despropósito, tanto por el contenido como por el procedimiento seguido por el Gobierno”, como ya denunció ayer Unai Sordo.
En un comunicado conjunto, han explicado que equiparar a las organizaciones sindicales con el papel que puedan desarrollar los diferentes grupos de interés supone ignorar, por parte del legislador, las funciones representativas constitucionales atribuidas a los agentes sociales directamente por los artículos 7 y 28 de la Constitución y por la propia Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical.
Por ello, han pedido a los grupos parlamentarios que impidan la convalidación del Real Decreto-ley en su redacción actual (esto es, que voten en contra) y han reclamado que su tramitación se haga como proyecto de ley, tal y como se había planteado inicialmente. “No es de recibo que un año después de iniciarse la fase de elaboración del informe por la Comisión de Hacienda y Función Pública, el proceso legislativo no se haya culminado con su votación en el Pleno de la Cámara”, han manifestado.
Desde los sindicatos no comparten que este trámite sea sustituido “de manera unilateral” por el Gobierno a través de la aprobación de un Real Decreto-ley. Una decisión que, a su juicio, incumple además las exigencias del artículo 86.1 de la Constitución, ya que ni concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad. “La propia tramitación parlamentaria del proyecto de ley, iniciada hace más de un año, desmiente cualquier urgencia incompatible con el procedimiento legislativo ordinario”, señalan, al igual que este instrumento no puede regular materias reservadas a ley orgánica, como la libertad sindical, ni afectar a los derechos y libertades.
Asimismo, han solicitado al Gobierno la aprobación de una norma que regule el diálogo social y la participación institucional.
En contra de la equiparación
CCOO y UGT han expresado que los sindicatos son “sujetos constitucionales” y que su caracterización como grupo de interés por participar en políticas públicas y proyectos normativos supone desconocer el contenido de un derecho y una obligación legal.
“Si se pretende poner en valor el diálogo y la concertación social, no se pueden considerar como grupos de interés a las organizaciones sindicales, ignorando su naturaleza de sujeto constitucional con unas obligaciones de representación y participación en el diálogo y la concertación social y en la estructura institucional del país”, han indicado.
A diferencia de los grupos de interés, CCOO y UGT señalan que su representatividad deriva de “procesos electorales abiertos, plurales y democráticos” y no de defender intereses económicos particulares. Además, advierten de que la norma, que se someterá a la convalidación del Congreso la próxima semana, no excluye expresamente a los sindicatos de la lista de sujetos exentos (donde sí figuran administraciones públicas, organismos internacionales, partidos políticos o colegios profesionales), por lo que quedan comprendidos “por omisión” en la definición general de grupo de interés que hace la ley.
En este sentido, manifiestan que el Acuerdo Interinstitucional de la UE de 20 de mayo de 2021 sobre el registro de transparencia obligatorio excluye expresamente las actividades de los interlocutores sociales en el diálogo social. Por ello, consideran que trasladar la norma europea al ordenamiento español sin un tratamiento equivalente supone otorgar “menos garantías” a la libertad sindical que el propio modelo europeo de referencia.
CEOE, también en contra
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también se manifestó en contra de este Real Decreto-ley esta semana, ya que, al igual que a los sindicatos, obliga a la patronal a inscribirse como grupo de interés. Por este motivo, anunció que desde la organización empresarial no mantendrán contactos con el Gobierno hasta el 16 de septiembre, cuando la norma se someterá a votación en el Congreso.
Garamendi reprochó que la CEOE se incluye en la Constitución Española como agente social, de aquí que no se puede equiparar a los lobbies. “Nosotros defendemos a las empresas con sentido de Estado”, manifestó, paralizando los contactos con el Ejecutivo hasta su votación en el Congreso, esperando que la norma sea rechazada. “Ni nos pondremos al teléfono”, aseguró hace unos días.
