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Una casera es condenada a pagar 2.640 euros por entrar en la vivienda alquilada sin permiso de los inquilinos y cambiar la cerradura para echarlos

La dueña de la vivienda no solo entraba sin permiso, sino que llegó a cambiar las cerraduras y restringir el acceso a algunas partes de la casa.

Una persona abriendo la puerta de una casa
Una persona abriendo la puerta de una casa |Envato
Lucía Rodríguez Ayala
Fecha de actualización:

Ser el dueño de la vivienda no da derecho al casero a poder entrar en la vivienda alquilada siempre que quiera, al igual que tampoco lo tiene de cambiar la cerradura o echar al inquilino dando por finalizado el alquiler en cualquier momento. Pero esto es lo que ha hecho un casero en Reino Unido y que finalmente ha sido condenado a pagar más de 2.600 euros. 

Según recogen desde la web del Ayuntamiento de Sheffield, el caso llegó a los tribunales después de que el propio consistorio iniciara acciones legales contra el casero, que era una empresa inmobiliaria. 

La empresa fue acusada de entrar en la vivienda sin permiso, exigir a los inquilinos que se marcharan de la casa, cambiar las cerraduras para impedirles entrar, tocar sus pertenencias e impedirles utilizar la sala de estar, hechos que finalmente fueron reconocidos en los tribunales. 

La empresa propietaria tendrá que pagar 2.640 euros

El abogado del Ayuntamiento describió lo ocurrido como un caso en el que el propietario había “pisoteado los derechos de los inquilinos”, ya que además, por entrar en la vivienda y el intento de desalojo, también se había intervenido por el mal estado en el que se encontraba la casa. 

Los técnicos detectaron problemas relacionados con la falta de calefacción y agua caliente, la seguridad contra incendios, la humedad y el moho, por lo que se tomaron medidas adicionales contra la empresa.

Tras declararse culpable, fue condenada a pagar 2.268 libras (unos 2.640 euros), una cantidad formada por una multa de 960 libras (unos 1.117 euros), otras 1.000 libras (unos 1.164 euros) correspondientes a las costas del procedimiento y un recargo de 308 libras (unos 359 euros) como indemnización a los inquilinos.

Desde el Ayuntamiento, defienden las actuaciones contra la empresa, y a través de su web el presidente del Comité de Política de Vivienda remarca que “el derecho a vivir en tu hogar sin temor a ser desalojado ilegalmente es un derecho humano fundamental”.