Con el objetivo de frenar el avance de la privatización y “desmercantilizar” el sistema educativo en España, Comisiones Obreras (CCOO) ha solicitado una moratoria “de al menos diez años” para que no se pueda abrir ninguna universidad privada. Asimismo, ha reclamado que la etapa de 0 a 3 años sea gratuita y de acceso universal, exigiendo a las administraciones que amplíen la oferta en la red pública en lugar de financiar plazas privadas o concertadas, entre otras medidas.
Durante la presentación del informe ‘La mercantilización de la educación’, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido de que este proceso de mercantilización se está produciendo “en todas las fases educativas” y “que recorre, por tanto, todo el sistema”.
“Primero, se limita, se debilita o no se amplía suficientemente la oferta pública. Después, aparece una oferta privada que se presenta como la única solución disponible. Y finalmente, el coste se traslada a las familias y a la posibilidad de elegir dependiendo de la renta”, ha apostillado, agregando que fomenta la segregación.
La privatización por etapas educativas
Comenzando por la educación de 0 a 3 años, el sindicato denuncia que la oferta pública es “claramente insuficiente a pesar de ser clave en la conciliación y en la reducción de desigualdades educativas futuras”. Solo el 48% de los menores de tres años está escolarizado y cerca de un 11% tiene necesidades educativas o de cuidado que no están cubiertas. En aproximadamente la mitad de estos casos, la razón es la imposibilidad de las familias para acceder al servicio o la falta de oferta disponible.
Las diferencias entre comunidades autónomas son muy acusadas. El porcentaje de alumnado del primer ciclo de Infantil escolarizado en centros concertados alcanza el 58,4% en Andalucía, el 51% en La Rioja, el 46,1% en Ceuta, el 44,7% en Castilla y León y el 43,1% en el País Vasco. También registra porcentajes elevados Baleares (33,5%), Galicia (30,2%) y Melilla (34,5%).
Una de las autoras del informe,Claudia Guiral Burriel, ha recalcado que el avance de la privatización resulta especialmente evidente en esta etapa: entre 2015 y el curso 2023-24, el alumnado escolarizado en centros privados en el primer ciclo de Infantil aumentó más de un 50%, frente al 14% registrado en la red pública. “Se ha perdido un porcentaje de alumnado importante y en vez de aprovechar para bajar las ratos, se ha ido en el sentido contrario”, lamentó. Entre 2018 y 2023-24 desaparecieron 1.837 aulas públicas de Primaria, frente a 424 concertadas.
Pasando al alumnado de Primaria y ESO, el 28,5% ya estudia en centros privados concertados, aunque con diferencias otra vez notables según el territorio. En el País Vasco, la concertada escolariza al 48,9% del alumnado, mientras que en Madrid alcanza el 36,4%. En Castilla-La Mancha, en cambio, representa el 17,1%. Además, en el curso 2023-24, el 46% del alumnado escolarizado de 0 a 3 años acudía a centros privados.
Respecto a la educación obligatoria, Sordo también quiso cuestionar la gratuidad de la enseñanza concertada, ya que está sufragada con fondos públicos, al señalar que, en la práctica, se aplican cuotas que pagan las familias y que pueden superar los 1.000 euros anuales. “¿Puede llamarse gratuita cuando determinadas familias pagan más de 1.000 euros al año? Evidentemente no”, ha manifestado.
Por su parte, en Bachillerato el porcentaje de alumnado escolarizado en centros privados ha pasado del 23,4% al 27,8% en los últimos diez años. Madrid destaca especialmente en este ámbito: el 38% del alumnado estudia en centros privados no concertados, más del doble de la media estatal, situada en el 17,5%. Por su parte, el País Vasco es la región con un mayor porcentaje de estudiantes de Bachillerato en centros privados-concertados, con 52,1 % del total.
La falta de plazas públicas también ha provocado una “eclosión” de la oferta privada en la etapa universitaria y Formación Profesional. En el caso universitario, CCOO denuncia que las 24 universidades creadas en España en lo que va de siglo XXI han sido todas privadas, pasando de 18 instituciones en el año 2000 a 42 en la actualidad, mientras la red pública se ha mantenido estancada en 50 campus. Como consecuencia, el 23% del alumnado de Grado y el 50% del de Máster ya cursan sus estudios en la universidad privada.
Una dinámica similar se observa en la Formación Profesional, donde el déficit de oferta pública, especialmente en la modalidad a distancia, ha sido aprovechado por empresas privadas cuyos ciclos formativos alcanzan costes de entre 4.500 y 12.000 euros. En el Grado Superior a distancia, la oferta privada ya duplica ampliamente a la pública.
Las medidas reclamadas por CCOO
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, ha reclamado aprovechar el inicio de curso para poner en marcha reformas legislativas como una Ley de Jornadas y Ratios, la revisión del Real Decreto de Requisitos Mínimos y la regulación estricta de la FP privada. Asimismo, ha exigido garantizar que el desarrollo tecnológico, la digitalización y la implantación de la Inteligencia Artificial en el sistema educativo se lideren desde lo público mediante el uso de software libre.
Entre el conjunto de propuestas presentadas por el sindicato para “desmercantilizar” el sistema destacan la prohibición de la entrada de grandes empresas y fondos de inversión en los circuitos educativos públicos, una bajada sustancial de las ratios mediante la co-docencia, la internalización de los servicios externalizados y la mejora de las condiciones laborales del profesorado. Respecto a esto último, incluye medidas como la concesión de hasta dos años de permiso retribuido a lo largo de la vida laboral del profesorado para su formación permanente.
Asimismo, CCOO aboga por recuperar la gobernanza democrática en los centros educativos y promover un currículo centrado en el pensamiento crítico y la formación ética, frente al enfoque mercantilista orientado solo a la empleabilidad.
