El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado como improcedente el despido de un trabajador al que echaron a los 30 días de contratarle, aunque ha rechazado que tengan que pagarle una indemnización adicional de 28.347,84 euros por los perjuicios sufridos, quedándose solo con los 184,43 euros por la improcedencia. El empleado había dejado su anterior empleo voluntariamente para empezar en otra empresa, que lo despidió alegando que no había superado el periodo de prueba.
El trabajador comenzó a prestar servicios para una empresa del sector de la automoción el 4 de octubre de 2022, con un contrato indefinido a jornada completa. Sin embargo, el 3 de noviembre, apenas 30 días después de incorporarse, la empresa le comunicó que prescindía de él por no haber superado el periodo de prueba.
Antes de incorporarse a esta empresa, llevaba trabajando desde enero de 2017 como recepcionista en otra compañía. Como no se encontraba cómodo en su anterior trabajo, decidió marcharse el 3 de octubre de 2022 y empezó al día siguiente en la nueva empresa.
Durante el proceso de selección, la empresa le había explicado que tendría que familiarizarse con un programa informático, aunque el trabajador aseguró que ya lo conocía. De hecho, durante los días que estuvo contratado recibió formación de un compañero, ya que el manejo del programa no requería un aprendizaje especialmente complejo.
Tras el despido, el trabajador pidió cobrar el paro, pero el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) rechazó su solicitud el 14 de noviembre de 2022 porque no cumplía los requisitos para acceder a la prestación. El motivo estaba en que había dejado voluntariamente su anterior empleo apenas un mes antes y no había pasado tres meses desde que comenzó en la nueva empresa, como marca la ley. De esta manera, se encontró sin empleo y sin poder cobrar el paro.
Reclama su despido y pide cobrar una indemnización adicional
El trabajador, al no estar conforme con la decisión, decidió acudir a los tribunales. Ya en primera instancia, el Juzgado de lo Social número 1 de Manresa le dio parcialmente la razón y declaró su despido improcedente, ya que la empresa había puesto fin a su contrato alegando un periodo de prueba que no se había acordado por escrito.
Pese a ello, la indemnización se quedó en 183,43 euros, la cantidad que le correspondía legalmente por el tiempo trabajado. El juzgado no aceptó concederle una indemnización mayor por los perjuicios que decía haber sufrido. Disconforme con esta decisión, el trabajador recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña e insistió en que no había firmado ningún contrato ni acordado por escrito un periodo de prueba. Los magistrados rechazaron esta petición al considerar que no había aportado pruebas suficientes para modificar los hechos recogidos en la primera sentencia.
Por otro lado, reclamó una indemnización adicional de 28.347,84 euros, al considerar que los 183,43 euros que le correspondían por despido improcedente eran una cantidad insuficiente para compensar los perjuicios sufridos. Para ello, se acogió al artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contempla el derecho a una indemnización adecuada cuando se produce un despido injustificado. El trabajador alegaba que había dejado un empleo estable para incorporarse a la nueva empresa y que, tras ser despedido, se había quedado sin trabajo y sin derecho a cobrar el paro.
Se queda sin indemnización adicional
El TSJ de Cataluña explicó que la indemnización por despido improcedente se calcula, por regla general, según el salario y la antigüedad del trabajador, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores. Aunque la Sala señaló que en casos excepcionales podría reconocerse una cantidad mayor, para ello es necesario demostrar los daños sufridos.
En este caso, los magistrados entendieron que el trabajador no había acreditado esos perjuicios. Además, señalaron que no poder cobrar el paro era consecuencia de haber dejado voluntariamente su anterior empleo, una decisión de la que no podía responsabilizar a la nueva empresa.
Por todo ello, el tribunal rechazó el recurso y confirmó la sentencia de instancia, manteniendo la declaración de despido improcedente y la indemnización de 183,43 euros, sin reconocer los 28.347,84 euros adicionales que reclamaba el trabajador.
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.
