El Tribunal Supremo ha denegado la pensión de viudedad a una mujer que, a pesar de convivir más de 17 años con su pareja y tener con él cuatro hijos en común, porque no estaban inscritos como pareja de hecho ni lo habían firmado ante notario. Lo curioso es que esta sentencia es del 6 de octubre; quince días después entró en vigor el decreto que quita ese requisito a las parejas con hijos en común, por lo que podrá volver a pedirla, pero no podrá cobrar los atrasos.
Según explica la sentencia (que se puede leer en este enlace del Poder Judicial), la pareja compartía casa en un pueblo de Madrid “desde al menos 2003” y fruto de esa relación tuvieron cuatro hijos en común, nacidos entre 1987 y 1999. Los dos estaban solteros y nunca se inscribieron en un registro de parejas de hecho. El hombre murió el 1 de junio de 2021 y ella, ante tal situación, pidió a la Seguridad Social la pensión de viudedad, siendo esta denegada.
El motivo es que, según el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social este exige a las parejas que no están casadas estar inscritas en un registro, o haberlo firmado ante notario, al menos dos años antes de la muerte, tuvieran o no hijos.
La mujer acudió a los tribunales y, aunque en una primera instancia rechazaron darle la pensión, más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón al entender que lo decisivo eran los hijos en común. Así, le reconocieron una pensión con el 52% de una base reguladora de 1.265,35 euros (unos 658 euros al mes) desde el día de la muerte, y la Seguridad Social al no estar conforme decidió llevar el caso al Supremo.
Los hijos en común no libraban de la inscripción
El Supremo anula la sentencia del TSJ y recuerda que lleva años diciendo que la convivencia se puede probar de muchas maneras, pero que la pareja de hecho solo existe para la Seguridad Social si está inscrita o consta en un documento público, y que la ley en este punto “no deja margen para una reinterpretación diferente”. Añade que hay que mantener ese criterio por “obvias razones de seguridad jurídica”.
Los magistrados explican que la reforma de 2021 ya quitó a las parejas con hijos la obligación de demostrar cinco años de convivencia, pero que en ella “se mantiene la configuración del requisito formal”, es decir, la inscripción. De esta forma, la mujer se quedó sin la pensión que el tribunal madrileño le había reconocido más de un año y medio antes. Añadir, que un día después, el Supremo resolvió lo mismo con otra mujer que convivía con su pareja desde 2003 y tenía con él una hija.
Ahora, el 21 de octubre, quince días después de la sentencia, entró en vigor el Real Decreto-ley 31/2026, que entre otras cosas modifica ese artículo 221 y establece que a las parejas con hijos en común “únicamente será exigible el requisito de una convivencia estable y notoria durante un periodo de al menos dos años ininterrumpidos”, demostrada con el padrón y sin registro ni notario.
El decreto también se acuerda de quienes perdieron a su pareja antes de esa fecha, a los que da un plazo de doce meses, hasta octubre de 2027, para pedir la pensión. La norma no deja fuera a quienes perdieron en los tribunales, por lo que, con lo que la sentencia da por probado (cuatro hijos y la misma casa desde 2003), el caso de esta mujer encajaría si acredita esa convivencia con el padrón.
Esa pensión se cobra “desde el día primero del mes siguiente a la solicitud”, por lo que no cobrará atrasos por el tiempo anterior a la nueva solicitud. Además, el decreto está en vigor, pero la Diputación Permanente del Congreso todavía tiene que votarlo este mes y, si no lo aprueba, quedará derogado.
