El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que autoriza al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la convocatoria de 18,56 millones de euros para ayudar a los afectados por las emergencias de protección civil, independientemente de la naturaleza (siempre que las mismas reúnan los requisitos). Los problemas deberán haberse registrado entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026 en las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA).
Estas Comunidades son la de Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia, Baleares, La Rioja, Navarra, País Vasco, Región de Murcia y Asturias.
El centro directivo que será responsable de estas ayudas es la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, y serán ellos quienes pongan los límites o el número de anualidades para poder conseguir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros. Todos estos movimiento se realizarán con cargo a la aplicación presupuestaria ‘Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular. Declaraciones ZAGEPC 2026’.
Reducir los trámites para conseguir subvenciones
El objetivo es el de facilitar la convocatoria de subvenciones para paliar los daños en las zonas afectadas por las emergencias comprendidas en las fechas antes mencionadas. Ahora bien, no hay crédito inicial en el presupuesto que se aprobó para 2023, prorrogado para 2026.
Lo que se ha hecho ha sido ampliar un acuerdo ya confirmado por el Consejo de Ministros, que establecía un régimen de ayuda a las entidades locales para recuperar las zonas siniestradas. La convocatoria de las ayudas verá la luz en el cuarto trimestre de 2026, para pasar posteriormente a la resolución de asignación de las subvenciones así como el comienzo de la ejecución presupuestaria que se realizará en 2027, prorrogándose hasta 2031.
El máximo importe que alcanzará la convocatoria será de 18.560.253,09 euros, distribuidos en cinco mensualidades, 6,50 millones para 2027, 4,64 millones en 2028, 2,78 millones en 2029 y 2,32 millones en cada uno de los ejercicios 2030 y 2031.
Esto se suma a los 183,46 millones de euros que se han autorizado previamente para la misma aplicación presupuestaria con un acuerdo que se selló en el Consejo de Ministros en junio de este año. El importe que se comprometió se actualizó llegando a los 202,02 millones de euros.
