El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía entiende que una peluquera con asma grave que empeora con los tintes y las lacas no puede seguir trabajando en una peluquería, aunque su espirometría (una de las pruebas que miden la respiración) salga normal. De esta forma le reconoce la incapacidad permanente total que la Seguridad Social le negó en 2021, con una pensión del 55% de una base reguladora de 739,21 euros.
Según explica la sentencia (disponible en el Poder Judicial y contra la que se puede poner recurso ante el Tribunal Supremo), la mujer, nacida en 1977, trabajó como peluquera por su cuenta hasta finales de 2019, cuando tuvo que coger la baja médica por incapacidad temporal y finalmente tuvo que cerrar el negocio. En abril de ese año ya había ido al neumólogo, y en el informe se lee que el motivo era “intolerancia a productos de la peluquería, crisis asmática y tos severa con picor y malestar severo”. Dos meses después, el alergólogo apuntó que “empeora con el trabajo y las lacas y productos de limpieza” y que “acude a urgencias al menos 3 veces cada mes”.
Debido a esta situación, pidió la incapacidad permanente a la Seguridad Social, pero la misma fue denegada, ya que, según el tribunal médico, tenía un “ASMA alérgica (gramíneas)”, es decir, al polen, con la “Espirometría en rangos de normalidad”. Por eso su conclusión fue que “no reúne criterios de IP” (incapacidad permanente), por lo que como mucho necesitaría una baja cuando tuviera una crisis.
Para entenderlo, hay que saber que la incapacidad permanente total es, según el artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social, la que se da a quien ya no puede seguir en su profesión de siempre, aunque sí pueda dedicarse a otra, y que con ella se cobra el 55% de la base reguladora (la cantidad sobre la que se calcula la pensión). La propia sentencia lo resume al decir que “no importan tanto las dolencias en sí mismas, como las efectivas limitaciones funcionales por ellas generadas”, y que estas hay que ponerlas “en conexión con la profesión u oficio del interesado”.
La mujer acudió a los tribunales y tampoco tuvo suerte a la primera, ya que un juzgado de Granada rechazó su demanda en julio de 2025. Antes, otro juzgado había descartado que su baja por asma tuviera origen laboral, y ella renunció en el juicio a reclamarlo, por lo que el caso se ha resuelto como enfermedad común.
Sin tintes ni lacas, no hay peluquería posible
Ahora, el TSJ de Andalucía sí le ha dado la razón, y lo ha hecho después de añadir a los hechos los informes de los especialistas de la sanidad pública, que el juzgado no había recogido. En esos informes se repite año tras año lo mismo, que tiene un “asma grave persistente con importante componente profesional” y que “debe evitar ambientes con productos químicos, vapores, tóxicos, tintes de pelo y lacas”.
Es más, la Sala se fija en una prueba que le hicieron en la Clínica de la Universidad de Navarra, donde la cantidad de aire que podía expulsar en un segundo bajó un 21% “tras exposición y manipulación de la mezcla de tintes y H2O2” (agua oxigenada). Con todo ello, entiende que esos productos “hacen aconsejable que abandone su actividad profesional”.
El tribunal ha dejado fuera otras dolencias que la mujer alegaba, ya que siguen pendientes de diagnóstico, y le ha reconocido la incapacidad permanente total “con derecho a pensión vitalicia mensual del 55% de su base reguladora de 739,21 euros”. El 55% de esa base son unos 407 euros, pero la ley no deja que esta pensión, cuando viene de una enfermedad común, baje de la mínima, que en 2026 es de 684,30 euros al mes en 14 pagas (así lo regula el artículo 196 de la misma ley).
No todas las peluqueras lo consiguen, ya que, como contó NoticiasTrabajo en octubre, la justicia avaló que la Seguridad Social se la denegara a otra de unos 60 años con covid persistente y desgaste en la columna, al entender que podía seguir trabajando de pie.
