El secretario de Estado para una Administración Eficaz de Países Bajos, Eric van den Burg, ha firmado la ‘Carta al Parlamento sobre los avances en la conformación de un Gobierno eficaz’, en la que se alude a la implantación de la IA en el sector público y a la necesidad por tanto de despedir a funcionarios y reducir las convocatorias de empleo público. Con este plan se reducirán unos 25.000 puestos de trabajo hasta 2035 y entre el argumentario que aparece en este documento se encuentra la automatización de determinadas tareas y sobre todo el importante ahorro que supondrá para las arcas del Estado.
En la misiva que fue enviada al Parlamento neerlandés el 26 de octubre se detalla cómo se llevaría a cabo esta reorganización administrativa. Lo primero, destacan, es conseguir una administración que sea más pequeña y eficiente, con un ahorro que llegaría a los 3.500 millones de euros en 2035, con los que superaría los 901 previstos para el año que viene.
Ahora bien, las consecuencias sobre el empleo público van a adquirir dimensiones importantes. Algunas administraciones verán cómo sus plantillas se reducen un 20%, pero en los peores casos se verán en otros entes donde la merma será de entre el 45% y el 60%, según datos aportados por el documento oficial ‘Voortgangsbrief Slagvaardige Overheid’.
El informe destaca la implantación de la IA en las administraciones
Uno de los puntos principales de este documento, redactado y publicado por el Gobierno de Países Bajos, es que el pilar básico por el que se lleva a cabo esta maniobra es la llegada de la Inteligencia Artificial a las administraciones públicas, aunque con una finalidad diferente, que no es otra que la de mejorar la productividad de los funcionarios y dar más agilidad a los trámites administrativos.
Habrá una mejora en las tecnologías en todos los departamentos, con mejora de los sistemas informáticos y cambios en los métodos de trabajo. Se están preparando, a consecuencia de esto, algunos planes de ahorro especiales que están relacionados con la llegada de la IA pero, apuntan desde el Ejecutivo, puede que no sean suficientes para el logro de los objetivos económicos.
Se ha realizado una comparativa con otros países europeos de la que se han extraído algunas ideas claras, y la primera de ellas es que al implantar la IA en las administraciones, en muchos casos se ha tenido que incorporar de nuevo a parte de la plantilla porque aparecieron nuevas necesidades que no estaban cubiertas.
Para poder hacer frente a todos estos cambios se tendrán que realizar cambios legislativos importantes, considerar menos organismos consultivos, reorganizar servicios internos y terminar con determinadas tareas. Habrá al menos 500 regulaciones anuales, con menos costes de funcionamiento de las oficinas públicas.
Recortes de hasta el 60% de la plantilla
Teniendo en cuenta los datos que aparecen en la carta, la administración central de Países Bajos (lo que sería la Administración General del Estado, AGE, en España) contaba con 160.016 funcionarios a jornada completa a finales de 2025 y estos se repartían entre los distintos ministerios, organismos inspectores y administración.
Con los ajustes que se están programando hasta 2035, podrían desaparecer unos 25.000 aproximadamente aunque estas cifras, de momento, son sólo estimaciones. Para concretarse habrá que elaborar un reparto de los empleados públicos en los diferentes departamentos.
El Gobierno ya ha avisado de que el reparto será “desigual” y mientras que en algunas administraciones el recorte será del 20% en otras podría ser muy superior, llegando al 60% ya que se terminaría con trámites como la elaboración de los presupuestos temporales.