El Tribunal de Cuentas ha denunciado que hubo ciertas desigualdades de trato entre los trabajadores autónomos que recibieron ayudas extraordinarias durante la pandemia del COVID-19, ya que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social no aplicaron siempre los mismos criterios a la hora de dar las prestaciones propias al cese de actividad que les correspondían a los trabajadores por cuenta propia que cerraban sus negocios.
El organismo que preside Enriqueta Chicano ha publicado una nota complementaria a su informe de fiscalización de 2023, en la que confirma que ya ha acabado el proceso de recuperación de las ayudas concedidas a autónomos que no cumplían todos los requisitos para recibirlas en la época de pandemia.
Estas ayudas se pusieron en marcha en marzo de 2020, después de que el Gobierno declarara el estado de alarma por la pandemia del Covid-19, con la idea de proteger a los trabajadores por cuenta propia que no les quedó más remedio que cerrar sus negocios o que sufrieron una reducción de su facturación de al menos el 75%.
Pero, durante la revisión de estas prestaciones se detectaron irregularidades en su concesión. Es más, el Tribunal de Cuentas ya había advertido en 2023 de que unos 280.000 autónomos recibieron 505,5 millones de euros en ayudas que no les correspondían.
El Tribunal de Cuentas denuncia que las mutuas aplicaron criterios diferentes para conceder las ayudas
Tras finalizar la revisión de las prestaciones que fueron concedidas provisionalmente durante la pandemia, el Tribunal de Cuentas ha confirmado que 1,4 millones de autónomos fueron reconocidos definitivamente como beneficiarios, con un total de 3.614 millones de euros abonados.
Por el contrario, 39.447 prestaciones terminaron siendo denegadas al comprobarse que no cumplían los requisitos exigidos para su reconocimiento.
Aún así, el organismo ha advertido que durante este proceso seguían habiendo "determinadas situaciones de desigualdad de trato entre las personas beneficiarias", debido a la aplicación de diferentes criterios por parte de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Más concretamente, estas diferencias venían sobre todo del cálculo de la base reguladora de las prestaciones y también por su incompatibilidad con otras ayudas del sistema.
También se han detectado desigualdades relacionadas con la aplicación de la presunción de cumplimiento del requisito de reducción de la facturación, una medida que afectó de manera diferente a las solicitudes que ya habían sido resueltas antes de su aplicación.
Por ello, el Tribunal de Cuentas ha insistido en la necesidad de garantizar criterios uniformes en la concesión de este tipo de prestaciones, evitando que los trabajadores autónomos reciban un trato diferente dependiendo de la mutua encargada de gestionar su solicitud.
El 97,35% de las ayudas provisionales terminaron siendo aceptadas
Con todo y a pesar de las dificultades, el organismo ha confirmado que el 97,35% de las resoluciones provisionales terminaron siendo reconocidas definitivamente, lo que permitió mantener las ayudas concedidas a la mayor parte de los beneficiarios.
En cuanto al dinero que se dedicó a aquellas ayudas, los autónomos recibieron un total de 3.614 millones de euros en ayudas directas.
A esta cantidad se suman otros 1.458 millones de euros de las cotizaciones sociales que no se pagaron y que iban unidas a la prestación extraordinaria por cese de actividad.
De esta forma, el Tribunal de Cuentas da por terminada la recuperación de los pagos indebidos, aunque pone de manifiesto su aviso sobre las desigualdades que se produjeron durante la tramitación de las ayudas y la necesidad de que no vuelva a ocurrir en un futuro con ayudas similares o en situaciones parecidas.
