El ministro de Función Pública y Transformación Digital, Óscar López, ha anunciado que el Gobierno tiene la función de actualizar “en los próximos meses” las indemnizaciones por razón del servicio que cobran los empleados públicos de las administraciones. Las compensaciones son para cubrir determinados gastos extra que deben asumir en el momento en que el puesto de trabajo se encuentra lejos de su localidad habitual.
Así lo ha adelantado el ministro socialista durante la conferencia internacional ‘La contraofensiva de los servicios públicos’ organizada por la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Antes de confirmar esta revisión, habrá encuentros con la mesa de diálogo social de modo que finalmente se pueda cumplir uno de los compromisos adquiridos con los sindicatos durante 2025.
Por el momento, el ministro no ha especificado las cantidades y tampoco el momento en que empezarán a aplicarse. Hay que considerar que, en España, estas ayudas están reguladas por medio del Real Decreto 462/2002 sobre indemnizaciones por razón del servicio, contemplando cuatro motivos para poder cobrarlas que son los viajes temporales, cambios de destino cuando estos son forzosos que obliguen al funcionario a vivir en una localidad diferente o participaciones puntuales dentro de la jornada laboral ordinaria.
En este último punto es donde estarían las reuniones, la asistencia a consejos de administración de empresas públicas o los gastos de representación para los cargos directivos.
Qué gastos cubre la normativa
Los conceptos que cubre esta norma se encuadran en varias categorías, entre estas las dietas de alojamiento, manutención, gastos de viaje (como los billetes de tren o avión), pago de kilometraje en caso de que se use el coche particular o gastos adicionales como el aparcamiento o los peajes. Además está cubierto el gasto de mudanza por traslado forzoso de residencia.
Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, ha asegurado en esta misma jornada que los servicios públicos son “derechos humanos fundamentales” y el “pegamento” que sostiene la igualdad y la cohesión social e igualdad. Afirmó que el sindicalismo de clase va a luchar de manera global ante las intenciones de la ultraderecha para privatizar o reducir la oferta pública y ha reiterado que no van a bajar los brazos en defensa de una democracia sólida y de unos servicios de calidad.
El coste de la vivienda presiona a los funcionarios
Esta actualización en las indemnizaciones por razón de servicio está en la línea de la mejora del complemento que se ha aplicado hace poco en Baleares para que el coste de la vivienda sea más llevadero para los empleados públicos. López ha apuntado que por parte del INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública) se están desarrollando las bases para un nuevo plan de competencias digitales que estará centrado en la Inteligencia Artificial.
Cuando esté listo, se dará a conocer a los sindicatos de modo que la administración tenga nuevos expertos en tecnología y mejoras en la ciberseguridad de manera que se preserve la soberanía de los datos frente a otros modelos que pretenden recortar personal.
“Es necesario reforzar el sector público como un escudo que proteja los derechos digitales y garantice que la IA se gobierne desde lo público y para el interés general”.
Nuevas amenazas para el sector público
El Gobierno ha analizado la situación actual de los empleados públicos dentro de un sector que arrastra “décadas de acoso” por parte del neoliberalismo y se enfrenta a la amenaza de los “tecnoligarcas” dentro de un contexto donde “cinco personas acumulan más capital y más poder que la inmensa mayoría de los países”.
Este momento se califica como un “verdadero debate civilizatorio” donde se debe actuar de inmediato legislando e invirtiendo para la defensa de los valores democráticos. “A nadie se le ocurre que el coche saliera sin un carné de conducir, sin un reglamento de circulación o una regulación que vaya contra la innovación. Se puede innovar regulando”.
Ha avisado de las consecuencias de dejar operar a las redes sociales durante 20 años sin regulación lo que ha derivado en problemas de salud mental, acoso o adicción entre menores, o sobre los riesgos de la autonomía de aprendizaje recogidos por el informe PISA o por el uso indiscriminado de la IA”.
Medio millón de plazas públicas desde 2018
Durante la intervención ha destacado las importantes medidas que se han tomado en materia de empleo público. Según los datos aportados, desde 2018 se han convocado medio millón de plazas frente a las 64.000 correspondientes al mismo periodo del Gobierno anterior.
Ha destacado la estabilización de más de 410.000 plazas, el incremento del 54% de la formación sanitaria especializada y la implantación de la jornada laboral de 35 horas a la semana, ha asegurado que la subida acumulada de los salarios públicos entre 2018 y 2028 va a superar el 30%.
La secretaria general de UGT Servicios Públicos ha defendido que los servicios públicos son “derechos humanos fundamentales y el pegamento” que sostiene la cohesión social afirmando que los sindicatos van a seguir combatiendo los intentos de privatización y recortes en los servicios públicos.