La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha exigido al Gobierno la sincronización inmediata del calendario de implantación del sistema VeriFactu con el de la facturación electrónica obligatoria entre empresas y profesionales (Ley Crea y Crece), así como con el marco de la Directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age).
Para la federación es un “sinsentido operativo” que las tres normativas y obligaciones avancen con plazos desacompasados, obligando al colectivo a realizar varias transiciones tecnológicas seguidas en lugar de una única adaptación integral.
En este sentido, ATA ha explicado que el tejido empresarial debe implantar los requisitos informáticos de VeriFactu antes de la plena operatividad de la factura electrónica entre empresas (B2B) y de conocer el estándar definitivo que exigirá la Unión Europea.
Tal y como están los plazos, un autónomo societario tendría que aplicar VeriFactu el próximo 1 de enero de 2027, el autónomo persona física el 1 de julio de 2027, y estarían obligados a la factura electrónica el 31 de marzo de 2028, así como a comunicar digitalmente el estado de las facturas el 31 de marzo de 2030. Todo esto teniendo en cuenta que el 1 de enero de 2030 se acaba el plazo para la transposición de la Directiva ViDA, que establece una hoja de ruta con el estándar europeo para el reporte digital del IVA y la facturación electrónica estructurada en transacciones (DRR).
“Es una locura”, ha manifestado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, recordando que ya se tuvo que aplazar VeriFactu porque no se había tenido en cuenta los impactos y la variada casuística diversa en muchos sectores.
“En una frutería el cambio y adaptación a VeriFactu de las balanzas digitales puede superar los 2.500 euros y en un bar/restaurante las cajas registradoras digitales hasta 1.800 euros. Tampoco se tuvo en cuenta a las oficinas de farmacia que funcionan con un sistema integrado en el que ya han realizado grandes inversiones de receta y facturación electrónicas, conectado a los colegios y a la propia Administración”, ha manifestado Lorenzo Amor.
Piden a Hacienda y Economía coordinar reglamentariamente las entradas en vigor de las tres medidas
Para ATA, la actual falta de coordinación y unificación obligará a los autónomos a realizar inversiones sucesivas en tecnologías con riesgo de quedar obsoletas en pocos años, representando “una grave amenaza” para la sostenibilidad financiera de los pequeños negocios y una carga burocrática “inasumible”.
Es así porque, hoy por hoy, el autónomo deberá pagar una primera adaptación a VeriFactu, una segunda a la factura electrónica nacional y una tercera modificación para cumplir con el estándar europeo ViDA.
“No tiene ningún sentido exigir hoy al autónomo que adapte su programa a VeriFactu para tener que volver a ajustarlo o cambiarlo meses después para cumplir con la factura electrónica obligatoria. Forzar a un farmacéutico o a un frutero a cambiar su balanza, o a un bar a renovar su caja registradora, para luego decirles que ese sistema no sirve ni para la factura electrónica ni para la normativa europea ViDA, es una falta de respeto al esfuerzo de los autónomos”, ha denunciado Amor.
Por ello, han instando a los Ministerios de Hacienda y Economía a coordinar reglamentariamente las entradas en vigor de VeriFactu y de la factura electrónica obligatoria y alinearlas con la Directiva europea ViDA, para consolidar en una única fecha y un único procedimiento el salto tecnológico exigido a los trabajadores por cuenta propia.
“Pedimos algo tan elemental como coherencia: un calendario único, coordinado y con plazos realistas. Exigimos congelar la exigencia de VeriFactu hasta que se garantice un marco técnico único, convergente con la Unión Europea y con un periodo de transición realista, para que la transición digital sea una oportunidad de mejora y no un castigo económico al bolsillo de los autónomos”, ha concluido.