El gasto en prestaciones de incapacidad temporal alcanzó los 18.413,3 millones de euros en 2025, superando por primera vez en la historia el 10,4% del total de ingresos por cotizaciones sociales. En solo cuatro años (de 2021 a 2025), la factura ha aumentado en 6.000 millones de euros. Así se refleja en el documento ‘La Seguridad Social, algo más que la pensión de jubilación’, donde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) analiza el Sistema Público de Pensiones y Seguridad Social y propone una serie de reformas más allá de la pensión de jubilación.
En este, a cargo de Octavio Granado, se señala que, aunque las listas de espera de la sanidad pública y el envejecimiento de la plantilla inciden en el aumento de incapacidades, no son el factor determinante. De hecho, el autor apunta a que, cuando el desempleo baja, las bajas por incapacidad temporal aumentan y viceversa. Asimismo, se señala que cuando la prestación es inferior por una base de cotización que no se corresponde con el 100% del rendimiento laboral (como es el caso de los autónomos), el uso de la prestación es menor, “en todos los territorios, grupos de edad, sectores profesionales”.
El documento incide en que, en épocas de crisis con alto desempleo, el miedo a perder el puesto frena las bajas. En cambio, con menor desempleo, se produce un uso más discrecional de la prestación para resolver problemas de estrés, cuidados familiares o presión laboral. “Hay trabajadores que debido a la mayor dificultad de ser sustituidos, hacen uso discrecional de la prestación para el cuidado de familiares, como elemento de presión ante las mejorables condiciones de trabajo, o para resolver problemas de estrés ante situaciones que perjudican su equilibrio emocional”, recoge el mismo.
Las propuestas de Fedea para reformar la incapacidad temporal
En primer lugar, el estudio aboga por unificar los porcentajes de prestación para eliminar las diferencias arbitrarias entre enfermedad común, enfermedad profesional, mutualismo administrativo y Seguridad Social, fijando un porcentaje uniforme (por ejemplo, una reducción del 25% sobre la base de cálculo).
Otra propuesta, que fue muy controvertida, es permitir la compatibilidad parcial entre la baja y la vuelta paulatina al trabajo durante la recuperación, abogando por una reincorporación gradual o parcial. De hecho, el Ministerio de Seguridad Social está trabajando en una medida parecida, si bien con matices.
El departamento de Elma Saiz, a través de este nuevo modelo, daría la opción a los trabajadores en situación de incapacidad temporal por enfermedades graves, como cáncer, un infarto o un ictus, de volver a su puesto de trabajo de forma progresiva una vez estén ya recuperados. De ese modo, el impacto por la ‘vuelta’ sería menor, siendo la opción de acogerse a esta opción totalmente voluntaria.
Volviendo al documento de Fedea, también se plantea derivar los procesos de salud mental a especialistas a partir de cierto tiempo para evitar la sobremedicación y exigir procesos de rehabilitación obligatorios, concertando servicios con las Mutuas Colaboradoras si la sanidad pública no llega. Del mismo modo, se propone dar capacidad a las Mutuas para atender patologías musculoesqueléticas. Si las comunidades autónomas rechazan concertar estos servicios, propone que el Estado les detraiga el coste de su financiación sanitaria.
Otra medida, que ya ha planteado la fundación en otras ocasiones, es penalizar con una mayor cotización a las empresas que pacten complementos para cobrar el 100% de la baja sin controles precautorios si esto dispara el gasto en bajas. En último lugar, instan a aplicar incentivos y subvenciones a la cotización (especialmente en microempresas) para adaptar puestos o recolocar a trabajadores con bajas prolongadas o estrés, en lugar de retirarlos del mercado laboral mediante incapacidades permanentes.
