La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado al Ministerio de Función Pública que abone un complemento económico extraordinario al conjunto de empleados públicos que trabajan en la crisis en Ceuta. El objetivo es reconocer su labor y compensar el esfuerzo que están realizando desde finales de julio, cuando se produjo la llegada masiva de inmigrantes.
Para ello, ha solicitado que se convoque con carácter urgente la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas para que el Gobierno apruebe fondos extraordinarios o utilice los ya aprobados, así como de la Unión Europea, para aplicar este complemento económico, como ya se ha hecho en el caso de la Policía Nacional.
La organización sindical, a través de un comunicado, ha querido destacar “el compromiso ejemplar” de todos los sectores “sin excepción”, así como por colectivos del sector privado que “resultan vitales en el día a día”, como es el caso de la Seguridad Privada. En este sentido, ha advertido de que no van a tolerar que existan “trabajadores de primera y de segunda” ante una crisis que sufre toda la ciudadanía por igual.
Las medidas propuestas por CSIF
Además de la Mesa General, el sindicato va a solicitar la apertura de mesas técnicas para diseñar la extensión de este plus de productividad extraordinaria. Asimismo, pide que los próximos recursos extraordinarios destinados a Ceuta contemplen partidas específicas para sufragar esta compensación salarial de forma retroactiva.
Junto a esta medida, han asegurado que mantienen su hoja de ruta para trasladar a las instituciones europeas la necesidad de un plan de contingencia laboral integral, recordando que Ceuta es la frontera de Europa y que sus trabajadores públicos y privados “no pueden seguir trabajando al límite de sus fuerzas” sin el respaldo económico de la Unión Europea.
Acciones jurídicas
El presidente de esta organización, Miguel Borra, viajó la semana pasada a Ceuta y mantuvo reuniones con delegados sindicales y empleados públicos de los sectores afectados para escuchar de primera mano sus demandas y la situación en la que se encuentra la prestación de servicios que reciben los ciudadanos.
CSIF ha informado de que están preparando acciones jurídicas para reclamar la responsabilidad del Gobierno y del resto de administraciones en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta por los efectos que se han derivado en el funcionamiento de los servicios públicos y las condiciones de trabajo de sus empleados.
“Trabajamos en acciones judiciales por actuaciones u omisiones concretas del Gobierno con posibles responsabilidades respecto a la obligación legal, administración responsable, tanto en España (incluida una queja formal ante el Defensor del Pueblo), así como ante la Comisión Europea”, han señalado.
