El nuevo Plan Reincorpora-T incluiría la reserva de puestos de trabajo a parados de larga duración en las contratas públicas

El SEPE publica su plan trienal para prevenir y reducir el Paro de Larga Duración 2019-2021

El nuevo Plan Reincorpora-T incluiría la reserva de puestos de trabajo a parados de larga duración en las contratas públicas
Francisco Miralles

El nuevo Plan Reincorpora-T, que el Gobierno está preparando actualmente, recoge varias medidas entre las que se destacan que para los parados de larga duración se reserven entre un 5%y un 10% de los puestos de trabajo en las contratas públicas.

Con parados de larga duración nos estamos refiriendo a aquellas personas que lleven desempleadas mas de 1 año de tiempo. Aún se trata de un borrador que podría sufrir cambios, que primero tendrá que pasar por la comisión de secretarios y subsecretarios y por la Comisión de Asuntos Económicos del Gobierno antes de que se apruebe en Consejo de Ministros.

Si bien es verdad, que la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha indicado hace unos días que el Gobierno tiene la intención de aprobar este Plan, denominado “Reincorpora-T” que tiene una duración de tres años (2019,2020 y 2021) y que va dirigido especialmente a los mayores de 30 años “que tienen problemas de inserción o de reinserción en el mercado de trabajo”, con bonificaciones para su contratación y un “plus de apoyo en el caso de que sean mujeres”.

Medidas del nuevo Plan Reincorpora-T

La Ministra también dejó muy claro que uno de los principales objetivos de este Gobierno es apoyar de una manera “muy personalizada” con itinerarios de inserción a los parados de larga duración tengan la edad que tengan. Puesto que ya existe un plan de empleo joven, la acción del Gobierno en este caso será la de hacer hincapié en las personas mayores de 30 años que tengan problemas en su reinserción en el mercado laboral.

Plan Reincorpora-T contiene medidas que ya han sido aprobadas como por ejemplo son las bonificaciones a la contratación de parados de larga duración o la conocida modificación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, además de otras medidas dirigidas a potenciar la formación y orientación de los desempleados de larga duración. El texto de este Plan plantea que se alcancen acuerdos con los Gobiernos y las Administraciones públicas a todos los niveles para incluir cláusulas de carácter social en los contratos del sector público que garanticen la contratación de entre un 5% y un 10% de desempleados de larga duración de más de 45 años de edad en los proyectos e iniciativas que se lleven a cabo.

El objetivo principal que tiene este Plan es reducir de aquí al año 2021 la tasa de paro de larga duración sobre la población activa en 2,2 puntos porcentuales, pasando del 5,8% que se registró en el cuarto trimestre de 2018 al 3,6% en el mismo trimestre del próximo 2021. Para lograr dicho objetivo se fijaría como objetivo cuantitativo que el paro de larga duración se redujera en 850.000 personas a finales de 2021, con una población activa de 23,5 millones de personas.

Esto supondría una reducción en términos netos de los parados de larga duración de 481.200 personas con un crecimiento de la población activa de 631.200 personas. Para alcanzar dicho objetivo se deberá de rebajar en una media de 150.000 personas al año los desempleados de larga duración durante los 3 años de vigencia del plan. Para alcanzar estas cifras, se deberán atender, al menos a 200.000 parados de larga duración al año y conseguir que hayan tenido al menos una ocupación, por cuenta propia o ajena durante el periodo de vigencia de este Plan.

Para poder prevenir que las personas caigan en paro de larga duración, también señalan que habría que atender de forma “inmediata” a las personas que se vieran afectadas por despidos colectivos como resultado de los procesos de reestructuración de las empresas. Atenderlos a través del “Plan de Recolocación Externa“(PREX). Fuentes cercanas a CC.OO. han indicado que el Plan es un “brindis al sol”, ya que recoge medidas que no son de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas.

Se trata de acciones que “pueden o no hacer las Comunidades”, lo cual lamentan. Aunque señalan que estas medidas, aún requiriendo de modificaciones legales, van en buena dirección.

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