Casarse mientras se cobra el Ingreso Mínimo Vital no es, por sí solo, un motivo para perderlo, según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha dado la razón a un hombre al que la Seguridad Social le quitó la ayuda tras comunicar que se había casado con una mujer sin ingresos. El tribunal considera que el organismo tenía que haber revisado la cuantía al alza para la nueva pareja.
El hombre cobraba el Ingreso Mínimo Vital como persona sola desde que se lo reconocieron en noviembre de 2020, y en junio de 2022 se casó con una mujer que llevaba empadronada en su casa desde marzo. El problema es que tardó más de un año en comunicárselo a la Seguridad Social, haciéndolo en un escrito firmado por los dos en el que constaba que ella no tenía ingresos.
El INSS decidió retirarle la prestación en octubre de 2023, pero con efectos desde el 1 de abril de 2022, porque en su casa figuraban empadronadas personas nuevas que, según el organismo, no acreditaban los requisitos para sumarse a la ayuda. A pesar de presentar una reclamación, la Seguridad Social se la desestimó, diciéndole textualmente que no podía ser “beneficiario de esta prestación de forma individual”.
De hecho, acudió a los juzgados de León donde dio la razón la Seguridad Social y por lo que decidió acudir al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.
Con la boda, la ayuda se recalcula
La ley del Ingreso Mínimo Vital (que se puede leer en este enlace) señala en su artículo 18 las causas por las que se extingue la ayuda, como la muerte del titular, perder un requisito de forma definitiva o renunciar a ella. Para la Sala, en esa lista “no se desprende que el hecho de constituir una unidad de convivencia por quien venía percibiendo el IMV individual suponga ‘per se’ la extinción de su derecho”, y la Seguridad Social tampoco alegó otra razón, como que la pareja hubiera dejado de estar en situación de vulnerabilidad.
A eso se suma el artículo 16, que permite subir o bajar la cuantía cuando cambian las circunstancias del beneficiario o de su familia. De esta forma al ser dos adultos, el limite de ingresos debe ser un 30% mayor que la de una persona sola (lo dice el artículo 13).
La Sala también añade que los dos solo formaron una unidad de convivencia (el hogar que pide la ayuda) desde la boda, ya que antes no estaban casados “ni tampoco consta que constituyeran pareja de hecho”, que entonces la ley exigía inscrita o en documento público.
El TSJ deja así sin efecto la retirada de la ayuda en una sentencia que obliga a la Seguridad Social a calcular de nuevo la cuantía y desde cuándo se paga, teniendo en cuenta a su mujer desde junio de 2022. Eso sí, admite que el organismo pueda negarla o limitar el periodo por el que la paga si aparece después alguna causa legal para ello.
