El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha declarado como nulo el despido de un director territorial con discapacidad tras haberlo declarado “no apto” para el puesto con un informe médico basado en tres llamadas telefónicas (es decir, lo que se conoce como despido por ineptitud sobrevenida). La justicia lo declara como un despido nulo por discriminación, por lo que deberán readmitirlo y abonarle una indemnización de 8.000 euros por daños morales.
El hombre trabajaba desde 2022 como director territorial en Navarra en una empresa de prevención de riesgos laborales (la actividad que se dedica a la salud de los trabajadores en sus puestos), percibía un sueldo de 4.190,21 euros brutos al mes y ya tenía reconocida una discapacidad del 33%, por una lesión de muñeca con dolor crónico y un trastorno adaptativo, y una incapacidad permanente total para otra profesión, derivada de un accidente de trabajo.
En mayo de 2023 tuvo que coger la baja por incapacidad temporal y en noviembre de 2024 (cuando cambió de empresa) le denegaron la incapacidad permanente. En ese momento, el grado de discapacidad le había subido al 49% debido a un dolor crónico extendido, problemas de columna, insomnio y un déficit en las funciones cognitivas. Tras ello, la nueva empresa le pidió que volviera el 20 de febrero de 2025 y ese mismo día le despidieron.
El motivo es que el servicio de prevención le declaró no apto para todos los puestos de su categoría (director territorial, director de zona y coordinador de servicios) y explicó que era imposible adaptarle el puesto, ya que no podía conducir trayectos largos ni usar con fuerza la mano derecha, así como tampoco concentrarse ni tomar decisiones.
Este informe lo realizaron dos médicas, pero lo llamativo y clave de este caso es que la que lo emitió no exploró al trabajador y basó sus conclusiones en “tres conversaciones telefónicas” con él. A pesar de que la empresa intentó hacer que constara que la otra doctora sí le había explorado, el TSJ no lo admitió porque esos documentos ya los había valorado el Tribunal de Instancia de Pamplona, que declaró el despido como nulo, motivo por el que la empresa recurrió.
Despedir sin intentar adaptar el puesto discrimina al trabajador con discapacidad
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra recuerda que, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de enero de 2024, antes de despedir por ineptitud a un trabajador con discapacidad la empresa tiene que intentar adaptar su puesto de trabajo o cambiarle a otro, salvo que suponga una carga excesiva, tal y como ya ha aplicado el Tribunal Supremo. Es más, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales también obliga a la empresa a adaptar el puesto de trabajo para que el trabajador pueda hacerlo con sus limitaciones.
La empresa ni lo intentó ni demostró que fuera imposible, por lo que para la Sala “esa pasividad probatoria debe equipararse a una ‘denegación’ del ajuste razonable”, lo que lo convierte en un despido discriminatorio. Ahora, aunque el trabajador pedía una indemnización de 30.000 euros por daños morales, el TSJ solo le reconoce 8.000 euros. Además, la empresa deberá reincorporarlo y abonarle todos los salarios no percibidos desde su despido, tal y como recoge la sentencia publicada en el Poder Judicial.
También ha condenado a la empresa a pagar 1.000 euros más IVA de los honorarios del abogado del trabajador. La sentencia es del 29 de septiembre y contra ella cabía recurso ante el Tribunal Supremo.
No siempre acaba así, pues el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró procedente el despido por ineptitud sobrevenida de una camarera de pisos, que NoticiasTrabajo contó en mayo. Allí la empresa sí demostró que era imposible adaptar sus funciones o trasladarla a otro puesto.
