El Tribunal de Cuentas, que preside Enriqueta Chicano, ha vuelto a poner en tela de juicio la actuación del Gobierno en el reparto de los Fondos Europeos, al igual que ya hizo con las ayudas a los autónomos durante la pandemia del covid o el pago de las pensiones con dinero europeo. Ahora, lo que pone de manifiesto es la falta de coordinación entre el Gobierno y las CCAA en la gestión de los Fondos Europeos porque, como recoge en un informe de fiscalización que se aprobó el 29 de octubre, la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, que es el órgano encargado de la coordinación de la participación autonómica, pasó tres años sin reunirse.
Desde que fue creado en 2021 sólo celebró cuatro reuniones, tres en ese primer año y la última en el mes de junio de 2024. En ninguna de estas se adoptaron acuerdos o recomendaciones para coordinar la ejecución de este Plan de Recuperación, programa que ha permitido a España recibir una financiación de hasta 102.506 millones de euros, de los que 79.854 millones son de ayudas no reembolsables y 22.706 millones de préstamos.
Estos datos se pueden consultar en el informe de fiscalización número 1.698 del Tribunal de Cuentas, que analiza el funcionamiento de los órganos encargados de dirigir, supervisar y coordinar estos fondos europeos. Las reuniones de la Conferencia Sectorial, que estaba presidida por la ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvieron carácter informativo y en estas no constan decisiones formales para mejorar la coordinación entre administraciones.
Cuatro reuniones para ningún acuerdo
La Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación se constituyó en enero de 2021 para facilitar la participación de las CCAA en los proyectos financiados con fondos europeos, estableciendo mecanismos de cooperación con el Gobierno central. Pero, como recoge el Tribunal de Cuentas, sólo se celebraron cuatro reuniones hasta enero de 2026 pese a que el reglamento interno establecía que debían ser anuales.
En las primeras, además, sólo se dedicaron a cuestiones organizativas e informativas del plan y después no se volvieron a reunir hasta junio de 2024 cuando el ministro de Economía presentó el diseño y el funcionamiento del Fondo de Resiliencia Autonómica, que es un instrumento de financiación para facilitar inversiones en las CCAA.
El órgano fiscalizador es muy claro y apunta a que “no hay constancia de que la Confederación Sectorial haya adoptado ninguna decisión (acuerdo o recomendación) con respecto a la coordinación de la implementación del plan”. Y tampoco encuentra información sobre la actividad de la Comisión de Coordinadores de Fondos Europeos que debía encargarse de preparar las reuniones y de realizar su seguimiento.
Pero sí se celebraron más de 200 reuniones con otras conferencias sectoriales relacionadas con el Plan de Recuperación que fueron el instrumento principal para gestionar los fondos asignados a las autonomías y por tanto, la falta de reuniones señalada afecta al órgano creado para coordinar el conjunto de este programa.
No se realizó un seguimiento adecuado de los fondos
El informe señala deficiencias en otros organismos encargados de supervisar los fondos europeos, entre ellos, la Comisión para la Recuperación que estaba presidida por Pedro Sánchez, y que se reunió ocho veces entre 2021 y finales de 2025 sin que consten directrices políticas generales para el desarrollo del plan y tampoco se aprobó el protocolo previsto para su seguimiento.
El TC ha avisado de que hay diferencias en las cifras oficiales sobre el reparto de los fondos europeos y mientras que en la web del Plan de Recuperación se recoge que las CCAA y entidades locales habían gestionado 29.106 millones de euros hasta enero de 2026, según la plataforma informática de seguimiento, se contabilizaban 20.750 millones repartidos por medio de las conferencias sectoriales.
