Una funcionaria del departamento de Justicia de Buenos Aires (Argentina) se ha convertido en la protagonista de una trama de estafa a personas sin recursos. Como informa el medio TN, la mujer ha sido detenida por participar presuntamente en una organización dedicada a captar a personas en riesgo de pobreza para abrir cuentas online a su nombre. Las autoridades han encontrado movimientos de más de 27.000 millones de pesos argentinos lo que, al cambio, supone unos 15,17 millones de euros.
La principal investigada es funcionaria en la Procuración General bonaerense y a la que detuvieron el pasado 13 de agosto. Junto a ella, arrestaron a dos personas más a las que identificaron como integrantes del entramado aunque, por el momento, la investigación está en curso y no hay condena firme.
La Fiscalía apunta a que la organización conseguía los datos personales y biométricos de ciudadanos con pocos recursos y con ellos, abrían cuentas online. Luego, cambiaban datos personales como los correos electrónicos o el teléfono de contacto asociado para poder operar las cuentas y emplearlas para recibir dinero o transferirlo de parte de un casino virtual que era ilegal aunque de momento no se descartan otras operaciones de blanqueo y fraude.
Pagaban 45 euros a personas sin ingresos a cambio de sus datos
La investigación arrancó en el mes de agosto de 2024 cuando la funcionaria detenida estaba trabajando en la administración de la Fiscalía Departamental en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados, como ha informado el medio antes citado. Como apuntan en la acusación, gracias a su puesto de trabajo podía conocer el nombre de personas sin recursos, en estado de necesidad, muchas de ellas sin cuenta bancaria ni monedero virtual.
Entonces, siempre según fuentes a las que ha accedido TN, les pagaba 80.000 pesos argentinos que son unos 45 euros a cambio de que le proporcionasen sus datos personales e incluso, los biométricos. Los citaba en una cafetería de La Plata y usaban teléfonos móviles para hacerles fotografías, registros faciales o dactilares y darles de alta en las diferentes plataformas.
Una vez que les pagaban lo acordado y creaban las cuentas, los verdaderos titulares perdían el control absoluto de las mismas ya que quedan vinculadas a otros email distintos y cambiaban los números de teléfono pasando a ser receptoras de fondos.
En dos cuentas se movieron 96.765 euros en un año
Los investigadores han accedido a todas las operaciones realizadas presuntamente por el entramado, analizando las transferencias, conexiones a las plataformas y registros de llamadas o mensajes a teléfonos móviles. Estos datos permitieron establecer una conexión entre determinadas cuentas abiertas a nombre de los afectados con uno de los detenidos.
En un caso que se ha analizado y cuyos datos han trascendido a la prensa, dos cuentas digitales registraron movimientos de 96.765 euros aproximadamente (172.242.946,68 pesos argentinos) durante casi un año.
El dinero que llegaba a estas cuentas era dividido y transferido a diferentes destinatarios de modo que no se pudiera seguir el origen y destino del mismo.
En total, la trama estafó varios millones de euros
El análisis de las operaciones determina que en total se registraron movimientos superiores a 13.574 millones de pesos argentinos, unos 7,63 millones de euros, y salidas por una cuantía similar a esta. Al sumar las entradas y las salidas, el movimiento superaba los 27.000 millones de pesos argentinos (15,17 millones de euros).
Mientras se descubre qué ha pasado, la principal acusada y supuesta coordinadora de la trama, la funcionaria A.M, sigue detenida aunque su defensa ha pedido la puesta en libertad condicional habida cuenta de que tiene trabajo, domicilio conocido y arraigo en el país.
Pero la Justicia ha denegado la petición, concluyendo que la detención se ha producido con una orden válida y que se aprecia riesgo de fuga.
