Ya lo adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y hoy ha sido confirmado por el Consejo de Ministros el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que comprende una actualización de los derechos y deberes de los alumnos después de 16 años en ‘stand by’. El Ejecutivo, al mismo tiempo, ha dado el visto bueno a 45 millones de euros por decreto, que irán destinados a la creación de 2.000 plazas de alojamiento asequible en siete universidades públicas.
Para empezar, el Estatuto viene a reemplazar al que fue aprobado en 2010 y contempla novedades muy importantes como la Inteligencia Artificial (IA) en las aulas, la salud mental, el acoso por medio de las redes sociales o la necesidad de conciliación cuando, al mismo tiempo, se estudia y trabaja o se cuida a una persona dependiente.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha señalado que este decreto contempla “garantías concretas en ámbitos que han ido ganando importancia en los últimos años”. Y, por otro lado, los nuevos alojamientos baratos buscan evitar que desplazarse a la ciudad en la que se encuentra la facultad elegida suponga un sobrecoste para las familias de los alumnos.
“Se han detectado casos de estudiantes que han renunciado a estudiar donde les habían dado plaza porque sus familias no podían pagar el alojamiento”, ha explicado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Medidas para mejorar la salud mental
Que las nuevas tecnologías están entrando de lleno en el sistema educativo no es ninguna novedad, y tampoco que hay casos en los que un mal uso de las mismas puede derivar en situaciones de acoso escolar o sobrecarga mental. Por eso, el Estatuto reconoce el derecho al paro académico total o parcial o una regulación especial para la IA que evite un uso inadecuado. “Los derechos deben estar protegidos tanto en las aulas como en el entorno digital”.
Otro avance se encuentra en la materia psicológica, porque los jóvenes tendrán derecho a recibir atención y orientación sobre salud mental y psicológica completamente gratis y sin problemas para poder acceder a ella. Además, hay previstos protocolos de actuación ante posibles conductas suicidas.
Esta protección es más fuerte en los casos de acoso y ciberacoso, incluyendo los sexuales o de identidad de género, orientación, etcétera. También se mejoran los apoyos a los estudiantes con discapacidad, necesidades especiales de apoyo educativo o problemas en el aprendizaje.
Los alumnos, apunta el Gobierno, no son meros receptores y pasan a ser titulares de derechos y parte activa de la toma de decisiones en la Universidad.
Protección ante la bajada de nota en las revisiones
El Estatuto consolida que los estudiantes conozcan los planes docentes de las asignaturas antes de formalizar la matrícula con información sobre los contenidos, profesores, idioma, periodo de prácticas y evaluación. Establece garantías frente a cambios sin justificar en las evaluaciones y podrá reforzar los periodos de prácticas.
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) destaca que las dos convocatorias van a ayudar a mejorar las tutorías y que se conocen más motivos que sirven para justificar una falta de asistencia como por ejemplo, el cuidado de una persona dependiente, la enfermedad o el estar realizando exámenes oficiales.
En lo que tiene que ver con las revisiones de examen, aumenta la protección ante las bajadas de nota salvo por fallos que sean materiales y se respetará el que las calificaciones sean anónimas.
Se podrán realizar estudios a tiempo parcial, pedir dispensa académica o suspensión de las clases de manera temporal siempre considerando que las mismas universidades serán las que desarrollen esos planes de conciliación.
Para CREUP se trata de cambios “históricos” después de “años de diálogo y trabajo, así como reivindicación” para atender las necesidades de unos alumnos “diversos que no sólo estudian sino que trabajan, cuidan, participan y afrontan situaciones sociales y personales que hay que tener en cuenta”.
Siete universidades recibirán una subvención para construir alojamientos
A propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se van a repartir 45 millones de euros para la construcción de 2.000 plazas asequibles en residencias universitarias con el siguiente reparto:
- Universidad Autónoma de Madrid (UAM): 13,3 millones de euros.
- Universidad de Castilla La Mancha (Albacete): 8,1 millones de euros.
- Universidad Pablo de Olavide en Sevilla: 6,5 millones de euros.
- Universidad de Burgos: 5,9 millones de euros.
- Universidad Jaume I, en Castellón: 4,5 millones de euros.
- Universidad de Jaén: 3,5 millones de euros.
- Universidad de Lleida: 2,9 millones de euros.
Son “ayudas directas para la construcción de alojamientos para la comunidad universitaria”, ha precisado la ministra. Aunque también se tiene en cuenta al personal docente e investigador, ha subrayado la preocupación por los jóvenes que no pueden estudiar donde desean por el coste de la vivienda.
