El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el 20 de octubre se trasladará al Consejo de Ministros el texto del nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, con el que se va a reformar la ley vigente desde 2010, modernizándola con nuevos derechos muy parecidos a los que hay en el mundo laboral como son la conciliación, salud mental, desconexión digital o prácticas académicas.
Ha explicado ante representantes de universidades de toda España que es necesario hacer frente a una realidad cambiante y plural, como es la de la educación y que ha cambiado en los últimos 16 años de una forma considerable. También ha a asegurado que muchos alumnos universitarios deben, al mismo tiempo, estudiar, trabajar o cuidar de algún menor o mayor dependiente. Esto es, que a menudo necesitan medidas para poder conciliar.
Entre las medidas destacadas se encuentra una inversión de 45 millones de euros que irán a siete proyectos de residencias universitarias gracias a lo que se podrán crear 2.000 nuevas plazas en una primera fase.
Como ha destacado el mismo presidente, la intención es dar más facilidades a aquellas personas que deben cambiar de ciudad para cursar una carrera universitaria, algo que suele darse en muchos casos.
Derecho a la conciliación también para los estudiantes
El derecho a conciliar no sólo es para trabajadores o funcionarios sino que la intención ahora es que llegue también a los estudiantes de la universidad. Una de las novedades es que se refuerza este derecho, particularmente cuando se está trabajando al mismo tiempo o al cuidado de familiares. Sánchez ha asegurado que las circunstancias de cada persona son distintas y que no todos tienen las mismas oportunidades para completar sus estudios.
“Hay estudiantes que cuando salen de clase se van a trabajar, otros que tienen que compaginar los exámenes con el cuidado de los hijos, de las hijas o también de sus padres o madres”, ha apuntado el líder socialista. Ha resaltado que habrá mejoras en el sistema de las prácticas y tutorías, apoyo psicológico, protección de datos personales y desconexión digital.
Y es que, para Sánchez, la desconexión digital “no puede llegar lógicamente al ámbito laboral sino al de nuestros estudiantes y al sistema universitario”. La reforma además busca dar protagonismo al alumnado en la toma de decisiones en la universidad, más y mejor movilidad académica, reforzar la protección ante situaciones de acoso prestando atención especial a la discriminación y la violencia.
Inversión en residencias universitarias
El presidente ha anunciado una inversión para mejorar las opciones de alojamiento de los estudiantes universitarios dentro de un contexto en el que cada vez es más complicado, también para ellos, el poder acceder a una vivienda.
De este modo, el Consejo de Ministros de este martes va a anunciar que se destinarán 45 millones de euros a impulsar residencias universitarias. Una inversión “destinada a proyectos concretos cuya puesta en marcha está prevista para las próximas fechas”, aunque no ha concretado para cuándo y tampoco qué universidades se van a beneficiar.
“Cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, lo que sucede es que al final la Universidad deja de ser ese motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades”, ha afirmado.
“La IA está cambiando las aulas universitarias”
La importancia de esta reforma pasa por la actualización del Estatuto del Estudiante Universitario que fue aprobado en 2010 y que llega 16 años en vigor y que ha quedado algo obsoleto ya que como considera el presidente del Gobierno, se han dado importantes cambios tanto en el modo de dar clase como de estudiar.
Muchos de ellos, insiste, incentivados por la llegada de la Inteligencia Artificial a las aulas. “Cambian las formas de aprender, de enseñar y relacionarnos” y ha destacado cómo “la IA está cambiando las aulas universitarias”.
Gracias a esta nueva norma, habrá más participación por parte de los estudiantes en las aulas ya que se ha elaborado con la ayuda de todos los sectores implicados de modo que entre otras cosas, se dé garantías de una protección mayor a los que afrontan problemas personales, familiares o económicos antes y durante los estudios.
