Los cambios en la Formación Profesional (FP) que está barajando el Gobierno afectan de manera directa a cientos de estudiantes que se han decantado, bien por conciliación o simplemente por preferencias, por seguir las clases y el curso de manera online. En un nuevo decreto, que aún está siendo sometido a consulta pública, se establece hasta un 39% de presencialidad, con límite de plazas a 50 alumnos por docente y con garantía de prácticas desde el primer momento.
La idea, como apuntó Milagros Tolón, que es ministra de Educación tras la marcha de Pilar Alegría, es que esta propuesta esté aprobada antes de que termine este año. En los casos de que las clases se reciban a distancia se pide entre un 15% y un 39% de presencialidad además de que la formación se reciba en empresas y la semipresencial conlleve entre un 40% y un 60% de asistencia.
Entre otras medidas, este decreto contempla que las empresas privadas que imparten estas enseñanzas tendrán un periodo para adaptarse que no deberá afectar al desarrollo normal del proceso de los alumnos. Los títulos que se den de manera virtual, aclara el documento que aún no es oficial pero que se puede leer en este enlace, requieren que hasta el 39% de las clases sean presenciales y en caso de que los centros no quieran o no puedan optar por esta modalidad, deberán previamente de contar con la autorización por parte del Ministerio.
ACADE se opone al decreto que restringe la FP
A finales de septiembre (29-9-2026), la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, lanzaba un comunicado en el que alertaba de “un grave perjuicio para los estudiantes” en el caso de que se restrinja la FP. Como apuntan, es “una iniciativa más que va a imponer mayores exigencias y el endurecimiento de las condiciones para que se impartan estas enseñanzas por parte de los centros privados, sin que la mayor parte de las mismas sean exigibles a los centros públicos”.
Uno de los motivos que ha llevado a esta postura es la desconfianza que, a su juicio, tiene el Ministerio de Educación o los entes públicos por la enseñanza privada y debido a ello están tomando medidas que lejos de favorecer un mejor sistema educativo suponen una “libertad de enseñanza y empresa, de la capacidad de elección de las familias y de las oportunidades de formación de miles de estudiantes”.
Por eso no entienden y consideran de “gravedad” que el Gobierno presente una reforma que afecte a parte del sector, el de los centros privados de FP, empleando una narrativa que está basada en la existencia de problemas generalizados en los centros de titularidad privada.
“La calidad en la educación no se garantiza mediante burocracia”
ACADE ya ha manifestado su rechazo frontal a la tendencia a identificar la calidad de la educación con más intervencionismo administrativo en los centros de enseñanza privada. Por eso, afirma que esta calidad no se asegura “mediante burocracia, restricciones y obstáculos regulatorios" confirmando que para conseguir mejores resultados hay que mirar el rendimiento académico, la cualificación de los profesores, la innovación en las metodologías, conexión entre empresas o empleabilidad de los nuevos titulados.
En estos campos, apuntan, la FP está jugando un papel esencial en el desarrollo de la educación en España. El problema reside en las nuevas obligaciones de presencialidad a modalidades que se ha demostrado que, cuando se imparten online, dan buenos resultados. Pero además, quienes solicitan este tipo de enseñanza es porque tienen que conciliar bien con la familia o bien con el trabajo. O también están quienes se encuentran lejos y para ellos es la mejor opción. “Difícilmente podrán seguir los métodos tradicionales de enseñanza”.
Un retroceso en pleno siglo XXI
Eliminar o reducir las opciones a quienes prefieren estudiar online es “un retroceso en términos de flexibilidad educativa y adaptación a la realidad social y económica del siglo XXI”. Y es que, en pleno auge de los nuevos modelos educativos donde juega un papel fundamental la Inteligencia Artificial, por ejemplo, tener la opción de estudiar a distancia en un 100% ayudaría a muchas personas.
La FP privada, destacan, está en el sistema educativo español, “plenamente integrada en la red de centros autorizados y desempeñando una función fundamental para garantizar que miles de estudiantes puedan acceder a estudios altamente demandados por el mercado de trabajo”.
