La Inspección de Trabajo levantó 5.104 actas de obstrucción a la labor inspectora en 2025, un aumento del 7,9% respecto a 2024 y el 83% desde 2021. Según la Memoria Anual de la Inspección de Trabajo, supuso más de 26,5 millones de euros en propuestas de sanción solo por este motivo de obstrucción.
En este contexto, cabe recordar que obstruir la labor de los inspectores, o impedirles la entrada cuando están autorizados para ello, puede acabar en una importante sanción. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), en su artículo 50.4, considera infracciones muy graves determinadas conductas que obstaculizan la labor de la Inspección de Trabajo.
Entre ellas se encuentran impedir la entrada o permanencia de los inspectores y subinspectores en el centro de trabajo, negarse a identificarse o a facilitar la identidad de las personas que estén realizando alguna actividad en las instalaciones. También se consideran infracciones muy graves las amenazas, coacciones o actos de violencia contra los inspectores y subinspectores, así como la reiteración de conductas de obstrucción que ya estén calificadas como graves.
Además, la normativa sanciona como infracción muy grave el incumplimiento de los deberes de colaboración con la Inspección de Trabajo, incluyendo los casos en los que una empresa no facilita en soporte informático la información requerida para comprobar sus obligaciones con la Seguridad Social, cuando esté obligada a utilizar los sistemas electrónicos de cotización o se haya acogido a ellos.
Desde 7.501 hasta 225.018 euros
Según el artículo 40 de la misma LISOS, estas infracciones muy graves pueden conllevar una multa de hasta 225.018 euros, en función de los hechos. En concreto, en su grado mínimo, parten de los 7.501 a los 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.
Por poner un ejemplo, el Juzgado de lo Social n.º 2 de Cuenca confirmó en 2025 una sanción de 60.000 euros a una empresa que expulsó a dos subinspectores de sus instalaciones y se negó a colaborar con ellos.
También cabe recordar que, este año, una sentencia del Tribunal Supremo ha puesto límites a la actuación de la Inspección de Trabajo. El Alto Tribunal determinó que los inspectores no pueden entrar en un local que funcione a la vez como domicilio social y centro de trabajo sin el consentimiento del titular o una autorización judicial previa, aunque no vayan a registrar ni a llevarse ningún documento.
La resolución se produjo después de que varios inspectores, acompañados por la Policía Nacional, entraran en una nave industrial sin contar con autorización judicial ni con el consentimiento del titular. El Supremo dio la razón a la empresa al considerar que se había vulnerado su derecho a la inviolabilidad del domicilio, protegido por el artículo 18.2 de la Constitución, aunque los inspectores no hubieran registrado ni intervenido documentos. No obstante, la sentencia también contempla la posibilidad de acceder a zonas de trabajo que estén claramente separadas de los espacios protegidos, siempre que se cumplan las condiciones exigidas para ello.