La Inspección de Trabajo se ha convertido en un instrumento útil para detectar, entre otras cosas, los fraudes a la Seguridad Social o en las contrataciones de trabajadores. Esto ha llevado, en muchos casos, a los profesionales de este organismo de control a denunciar que se sienten “odiados” ya que en la mayor parte de los casos, estos comportamientos irregulares conducen a importantes sanciones.
Es lo que se ha podido comprobar tras una respuesta parlamentaria que el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz ha dado al Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo tras la denuncia por parte de este último de que existían en España miles de empleos desarrollados por extranjeros que no estaban declarados. Pedía que se evaluasen los “actuales medios humanos, materiales y tecnológicos” para poder corregir estas situaciones.
En la pregunta, los populares ponían el dedo en la llaga de las actuaciones inspectoras que se han llevado a cabo entre los años 2023, 2024 y 2025 que estaban dirigidas específicamente a la detección de empleo irregular en personas procedentes de otros países. Además, se preguntó por el número de sanciones, altas en la Seguridad Social e infracciones así como liquidaciones de cuotas derivadas de dichas actuaciones.
En el 75% de las actuaciones de la Inspección de Trabajo se detectaron errores
Las inspecciones laborales que se han realizado hasta este momento han destapado un total de 43.644 prácticas irregulares sobre el empleo de extranjeros entre los años 2023 a 2025 que se han traducido en sanciones superiores a los 425 millones de euros según los datos aportados por la cartera de Díaz.
La respuesta parlamentaria, que ha recogido Europa Press, señala que la Inspección de Trabajo ha llevado a cabo un total de 57.794 actuaciones en materia de economía irregular desarrolladas entre 2023 y 2025. El 75% de las mismas (43.655) detectaron algún problema, por lo que se han impuesto sanciones de 425.588.999 euros.
El Gobierno ha asegurado que desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han realizado actuaciones planificadas por toda España, ajustadas numérica y temporalmente a la realidad existente en cada provincia.
Se atenderán en todo momento las “denuncias que se presenten” con estos motivos analizados. En la contestación que ha dado el departamento laboral del Ejecutivo aparece que la finalidad es que se facilite el que todos los trabajadores puedan acceder a la Inspección con modelos de denuncia que se pueden conseguir en varios idiomas y que se encuentran a disposición de cualquier persona que quiera denunciar tanto de manera presencial como usando la Sede Electrónica de la Inspección de Trabajo.
Más funcionarios para la Inspección de Trabajo
El Gobierno ha apuntado a la necesidad de ampliar la plantilla de funcionarios de la Inspección de Trabajo ya que se ha incrementado un 28,74% desde 2018 a 2025 pasando de 1.740 a 2.240 que son los que hay actualmente con competencias en este campo.
El aumento de la plantilla se debe a que en los últimos años se ha incrementado la Oferta de Empleo Público (OEP) tanto para el cuerpo de inspectores de trabajo y Seguridad Social como para los subinspectores laborales.
El Gobierno asegura que el tanto por ciento de trabajadores extranjeros que han conseguido mecanismos de protección onde regularización por empleo irregular es de 948 personas.
