El Gobierno ha modificado la Ley de Contratos del Sector Público para que las empresas contratistas puedan quedarse sin los contratos y concesiones públicas que tengan adjudicados si incumplen gravemente sus obligaciones de igualdad salarial y transparencia retributiva. La medida afecta a las empresas que trabajan para las administraciones públicas y busca garantizar que hombres y mujeres reciban la misma remuneración por un mismo trabajo o por otro de igual valor.
Así se recoge en el Real Decreto-ley 39/2026, publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entra en vigor este mismo jueves 19 de noviembre. Con esta norma, el Gobierno completa, aunque fuera de plazo, la transposición de dos directivas europeas, entre ellas la Directiva (UE) 2023/970, destinada a reforzar la igualdad salarial entre mujeres y hombres.
Ahora bien, la pérdida del contrato público no será automática. La nueva regulación establece una serie de condiciones que deberán cumplirse para que la Administración pueda resolverlo. Además, el real decreto-ley todavía debe convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso.
Cuándo se pueden perder los contratos públicos
La disposición final segunda del Real Decreto-ley 39/2026 modifica el artículo 211.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público para introducir una nueva causa de resolución de los contratos relacionada con la igualdad retributiva.
En concreto, la norma establece que se podrá resolver un contrato público cuando exista un incumplimiento grave de las obligaciones de igualdad salarial entre hombres y mujeres y se dé alguna de estas dos circunstancias:
- Cuando exista una resolución administrativa o judicial firme que confirme que una empresa ha discriminado salarialmente por razón de sexo a trabajadores que participan en la ejecución del contrato público.
- Cuando la empresa incumpla repetidamente sus obligaciones de transparencia retributiva y no corrija la situación después de que el órgano de contratación haya detectado los incumplimientos y le haya requerido que los subsane dentro de un plazo determinado.
Esto significa que no cualquier diferencia salarial entre trabajadores permitirá a la Administración poner fin a un contrato. Para ello, deberá acreditarse alguna de las circunstancias anteriores. Además, la Administración tendrá que dar audiencia a la empresa contratista y valorar la gravedad del incumplimiento, cuánto tiempo se ha mantenido, el número de trabajadores afectados y las medidas que haya adoptado la empresa para corregirlo.
Los representantes de los trabajadores podrán solicitar que se resuelva el contrato
La modificación del artículo 212.1 de la Ley de Contratos del Sector Público permite que el procedimiento para resolver el contrato se inicie tanto de oficio, por parte del órgano de contratación, como a petición de los representantes legales de los trabajadores de la empresa contratista.
De esta manera, los representantes de la plantilla podrán solicitar a la Administración que inicie el procedimiento cuando consideren que se cumplen las circunstancias previstas en la ley. En cualquier caso, deberán ser escuchados antes de que se adopte la resolución correspondiente.
Por otro lado, la reforma también modifica el artículo 201 de la misma ley para obligar a los órganos de contratación a vigilar que tanto las empresas contratistas como las subcontratistas respeten las obligaciones de igualdad salarial y transparencia retributiva que les correspondan. Para ello, los pliegos de contratación deberán incluir medidas que permitan garantizar su cumplimiento y establecer sanciones proporcionadas a la gravedad de las infracciones.
Así, las empresas que trabajen para las administraciones públicas no solo tendrán que cumplir estas obligaciones laborales, sino que también podrán enfrentarse a penalizaciones y, en los supuestos más graves previstos por la ley, a la resolución de los contratos que tengan adjudicados.

