Los pensionistas que cobran una pensión no contributiva de jubilación o de incapacidad (antigua invalidez) tienen que presentar, como cada año, una declaración de ingresos durante el primer trimestre, es decir, que como muy tarde será el 31 de marzo de 2027. En esa declaración se deben incluir todos los ingresos que se tuvieron durante 2026, tanto del beneficiario como de los familiares con los que convive. En el caso de no presentarla, la Seguridad Social la seguirá pagando, pero les avisará y, si siguen sin hacerlo, se les suspenderá la pensión. La suspensión es temporal hasta cumplir con la obligación, por lo que se deja de cobrar, pero no se extingue la misma.
Así lo establece el artículo 368 de la Ley General de la Seguridad Social (se puede consultar en este enlace). Además, este artículo, que el 372 aplica también a la jubilación, señala que “el beneficiario deberá presentar, en el primer trimestre de cada año, una declaración de los ingresos de la respectiva unidad económica de la que forme parte, referida al año inmediato precedente”. Esta unidad económica es la que está formada por el pensionista, su cónyuge y los parientes más cercanos con los que vive, de sangre o por adopción (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos).
Además de tener que presentar una declaración durante el primer trimestre del año, el artículo 16 del Real Decreto 357/1991 explica que en ella, si los ingresos del pensionista cambian o prevé que vayan a cambiar durante el año, debe notificarlo “a efectos de modificar, en su caso, la cuantía a abonar”. Con esto, el organismo puede revisar si el pensionista sigue teniendo derecho a la pensión o si tienen que modificarle la cuantía, ya que la pensión no contributiva baja si suben los ingresos y puede desaparecer si pasan del límite.
Estas reglas afectan tanto a la jubilación para mayores de 65 años como a la de incapacidad, destinada a personas de entre 18 y 65 años con una discapacidad del 65% o más. El formulario se debe presentar en el organismo donde se paga y se solicita la pensión.
Las pensiones no contributivas son prestaciones destinadas, sobre todo, a personas que no han logrado el mínimo de cotizaciones como para acceder a una pensión contributiva. Las cuantías dependen de los ingresos, estando fijada la íntegra en 2026 en los 628,80 euros al mes en 14 pagas y, aunque dependen de la Seguridad Social, la gestión de estas se reparte entre las comunidades autónomas, salvo en Ceuta y Melilla, donde lo hace el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales).
Qué pasa si no se presenta la declaración
Si no se presenta, tras ser avisado, la Seguridad Social suspende la pensión. “Incumplida dicha obligación y previo requerimiento del Organismo gestor al beneficiario, con la advertencia expresa de las consecuencias del incumplimiento, se procederá, como medida cautelar, a suspender el pago de la pensión”, señala el artículo 16.
La web del Imserso explica que la suspensión es temporal, es decir, que no es una extinción de la misma, y para recuperarla basta con presentar la declaración y demostrar que se sigue cumpliendo con los requisitos. Los meses que se han dejado de cobrar se pueden recuperar con la retroactividad, pero solo se puede reclamar hasta un máximo de 90 días naturales desde que se presenta la declaración, así que lo que pase de ahí se pierde.
Si al revisar la declaración resulta que los ingresos han pasado del límite, ya no hay suspensión, sino una extinción, porque se pierde la pensión, que es uno de los motivos por los que se puede quitar la no contributiva.
Hay que comunicar los cambios en 30 días
Además de la declaración de cada año, el pensionista tiene que avisar de cualquier cambio en su convivencia, su estado civil, su residencia o sus ingresos y los de los familiares con los que vive, y tiene que hacerlo “en el plazo máximo de treinta días” desde que se produce. Quien no lo hace y cobra de más tiene que devolverlo desde el primer día del mes siguiente al cambio, salvo que la deuda haya prescrito (cuatro años según el artículo 55 de la LGSS).
Fue lo que le ocurrió a una jubilada de Madrid, que perdió la no contributiva y a la que reclamaron 9.664 euros cuando la comunidad revisó su declaración de 2022. Los ingresos de su marido, 15.333 euros ese año, pasaban del límite para dos personas que viven juntas, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó después la decisión.

