El Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez ha dado luz verde a un nuevo reglamento en el que se contempla una nueva ayuda económica que parte de 4.000 euros y puede llegar a los 7.600 euros para españoles de nacimiento que residan en el extranjero y que estén en situación de vulnerabilidad. Esta medida aparece recogida en el BOE (Boletín Oficial del Estado) en el Real Decreto 954/2026, con fecha de 9 de noviembre, y pretende dar facilidades para que estas personas puedan instalarse en España de modo definitivo.
Como explica el documento oficial, la ayuda tiene una cuantía básica de 4.000 euros por persona que podrá subir a los 7.600 euros cuando se trate de unidades familiares en las que haya tres o más personas. Las edades de los potenciales beneficiarios deberán estar entre los 18 y los 65 años que tengan nacionalidad española de origen y que no cuenten con ingresos suficientes. Tendrán una atención especial las mujeres españolas que hayan sido víctimas de violencia.
Pero esta ayuda, aunque está aprobada, no se puede solicitar aún porque el decreto señala que el Gobierno tendrá que aprobar su regulación en el plazo de un año desde la fecha en que este RD ha entrado en vigor.
Se incluyen algunos cambios para facilitar el regreso de españoles residentes en el extranjero, desde una mayor protección económica a mayores de 65 años hasta servicios especiales de orientación para el empleo o emprender un negocio en nuestro país.
Qué cambia con el Real Decreto 954/2026
El RD 954/2026 desarrolla y complementa la Ley 40/2026 del 14 de diciembre del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior para analizar los derechos y las prestaciones de los españoles que viven fuera del país y de los que quieren regresar. Por eso, ha reunido en una misma normativa diferentes medidas que hasta ahora estaban regladas por diferentes disposiciones, algunas con 20 años de antigüedad.
Una de las novedades es que se reconoce la condición de ‘español retornado’ a las personas con nacionalidad española de origen pero que hayan nacido en el extranjero y decidan establecerse en España. Para poder acreditarlo, se establece un certificado especial donde aparecerá la nacionalidad, el país de procedencia y la fecha de regreso.
También queda actualizada la protección económica de los españoles de más de 65 años que viven en países donde la protección social era insuficiente, así como de aquellas personas en situación de incapacidad absoluta y no tienen dinero. Y es que estas ayudas están unidas a determinados requisitos de patrimonio, ingresos y residencia.
Se regula la asistencia sanitaria de determinados colectivos que residen en el extranjero reforzando la protección a las víctimas de violencia, con medidas de asistencia, ayuda económica y acompañamiento para facilitar su retorno a España. Todo esto se hará con más facilidades en la burocracia que simplificará los servicios públicos y los trámites administrativos y de coordinación entre CCAA, consulados y organismos estatales.
Habrá refuerzos en la Oficina Española del Retorno donde se dará información y se asesorará a las personas que valoren regresar.
Protección para los mayores de 65 años
El artículo 97 contempla programas especiales de orientación y de asesoramiento laboral para facilitar la búsqueda de empleo con servicios que podrán incluir formación adaptada a las necesidades de los sectores emergentes de la economía española y actuaciones dirigidas a mejorar las oportunidades laborales de quienes regresen.
Los que residan en el extranjero y quieran regresar podrán recibir formación a distancia, como aparece en el artículo 99 donde se desarrollan los contenidos de los programas de asesoramiento para retornados que quieran crear una empresa.
Asimismo, va a agilizarse el reconocimiento de estudios y dar mejores opciones a los investigadores y profesionales cualificados, y el reglamento contempla actuaciones para facilitar el reconocimiento de títulos y estudios extranjeros y regreso de talento científico, técnico e investigador.
Para las personas mayores de 65 años, se regula una prestación económica para los casos en que no dispongan de recursos suficientes, que habrá que acreditar así como que no se cumplen determinados límites patrimoniales.
El nuevo reglamento entra en vigor el 29 de noviembre de 2026, 20 días más tarde de que haya sido publicado en el BOE.

