El partido político Iustitia Europa que preside el abogado Luis María Pardo y que se presentará a las elecciones del 29 de noviembre, ha solicitado a la Sala Tercera del Tribunal Supremo que se suspendan de manera cautelar estos comicios y que, como han explicado en un comunicado disponible en su página web, sea una paralización que dure el tiempo necesario para que se garantice el cumplimiento del auto que el tribunal dictó el 10 de septiembre.
Esta petición se encuentra enmarcada en el procedimiento 1013/2026, presentado por este mismo partido contra la Junta Electoral Central sobre el censo de españoles en el extranjero (CERA) y los que han sido inscritos por la llamada ‘Ley de Nietos’ (Disposición Adicional 8!, 1 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática). El auto al que refieren (fechado en septiembre) suspende de forma provisional determinadas inscripciones en el censo electoral, así como el derecho a voto de los afectados.
Hace referencia tanto a las nuevas inscripciones, como a las personas ya inscritas y hace una excepción cuando se cumplen los requisitos legales de descendencia y exilio.
El argumento del partido es que la Abogacía del Estado ha reconocido mediante un escrito registrado el 8 de octubre, que las medidas no se pueden ejecutar dentro de los plazos electorales. Dicho comunicado señala, textualmente, la “imposibilidad material de ejecución de las medidas cautelares adoptadas en el Auto del 10 de septiembre de 2026”.
Qué razones legales impedirían las elecciones
El partido de Pardo ha apuntado que la convocatoria de elecciones anticipadas anunciada por Sánchez tras un periodo de reflexión de dos días, cambia las circunstancias en las que el Supremo decidió las medidas cautelares y ahora piden que se garantice el cumplimiento de las mismas antes del 29 de noviembre. La formación ha recordado que ellos presentaron una denuncia ante la Junta Electoral Central el 28 de junio y que fue ahí cuando comenzaron las actuaciones.
“Hemos pedido que se suspenda la votación del 29N durante el tiempo estrictamente necesario para que se garantice el cumplimiento efectivo del Auto”, han afirmado en el escrito. Porque además consideran que, en caso de que salga adelante la votación, aparecen dos riesgos.
El primero de ellos es que se contabilicen los votos de las personas cuyas inscripciones en el censo se encuentren afectadas por las cautelares, porque podría dar lugar a que se impugne el escrutinio y, por ende, la proclamación de los candidatos elegidos. Pero, por otro lado, que se impida votar a electores sin comprobar antes que estén incluidos en las medidas, afectando al derecho de sufragio. Señalan a Sánchez de llevar las garantías del proceso a “una situación límite”.
Una alternativa a aplicar en 163.020 registros
Si el Supremo responde que suspender la votación es excesivo, Iustitia Europa apela a una medida alternativa, que es que se ordene a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral el marcado informático inmediato y diferenciado de 163.020 registros del CERA.
Esta cifra, como han contabilizado en el comunicado, se corresponde con el conjunto de los electores que ha identificado la Administración en el censo que se ha cerrado el pasado 1 de agosto y al que han tenido acceso. No todos estos registros se encuentran afectados por la cautelar ni tienen por qué ser irregulares.
Lo que sí pretende este partido es que el marcado garantice una trazabilidad positiva de los votos para el escrutinio general y una posterior revisión. Todo está avalado, señalan, por los artículos 129.1 y 132.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa sobre medidas cautelares y sus cambios cuando se modifican las circunstancias.
