Solicitar una pensión por incapacidad no siempre significa que vaya a concederse, incluso cuando la persona cumple con los requisitos médicos. También es necesario reunir determinadas condiciones económicas y, si la Seguridad Social considera que se superan los límites de ingresos, puede denegar la prestación. Es justo lo que le ha pasado a una mujer de unos 50 años en Italia, a la que le negaron una pensión porque supuestamente había heredado más de 10 millones de euros, a pesar de que ella aseguraba que nunca había recibido ese dinero.
Según la información publicada por Il Resto del Carlino, la mujer había solicitado una prestación económica por su situación de incapacidad. Aunque tenía reconocida su situación médica, el Instituto Nacional de la Seguridad Social italiano (INPS) se negó a pagarle porque en sus registros aparecía como heredera de un patrimonio de más de 10,7 millones de euros.
La mujer, que aseguraba que su única propiedad era la casa en la que vivía, no entendía de dónde salía esa supuesta herencia. Por eso, decidió acudir a los tribunales para demostrar que no tenía ese patrimonio y reclamar la pensión que le habían denegado.
La Seguridad Social aseguraba que había heredado más de 10 millones de euros, pero no pudo demostrarlo
El problema estaba en unos datos fiscales que el INPS había utilizado para comprobar la situación económica de la afectada. Según esa información, la mujer figuraba como heredera, junto a otras personas, de varios bienes registrados en Roma desde julio de 2018.
En concreto, según los registros utilizados por el organismo, figuraba como titular de participaciones en inmuebles valorados en 1,32 millones de euros, empresas por 8,79 millones y otros bienes por unos 616.000 euros. Estos derechos aparecían registrados en una oficina territorial de Roma desde julio de 2018.
Sin embargo, la mujer negó que ese patrimonio le perteneciera y presentó ante el tribunal documentación catastral de Roma y Pesaro para demostrar que no figuraban a su nombre las propiedades que le atribuía la Seguridad Social.
Además, explicó que anteriormente había cobrado la renta de ciudadanía italiana y que después había accedido a otra ayuda económica destinada a personas en situación de necesidad, por lo que su situación económica ya había sido examinada por la Administración.
De hecho, la abogada de la afectada explicó que podría haberse producido una confusión relacionada con el código fiscal de la mujer, aunque no fue posible aclararlo porque el organismo no presentó la documentación necesaria.
Por todo ello, el Tribunal de Pesaro dio la razón a la mujer y reconoció su derecho a cobrar la pensión desde el 1 de enero de 2024, obligando al INPS a abonarle las mensualidades atrasadas, junto con los intereses correspondientes.
