El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado un recargo del 30% en las prestaciones de la Seguridad Social de un trabajador de la construcción que sufrió un accidente laboral al hundirse el suelo de una obra y caer a la planta inferior. Aunque el empleado abandonó por iniciativa propia una zona de paso segura y pisó una superficie inestable, el tribunal considera que las empresas responsables de la obra incumplieron sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, ya que el trabajador no había recibido formación preventiva y tampoco se habían instalado las medidas de protección necesarias para evitar la caída.
Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2022, sobre las 11:00 horas, durante las obras de reforma de tres viviendas y sus zonas comunes. El trabajador, que llevaba apenas tres días contratado como peón por una subcontrata, se encontraba realizando trabajos de retirada del pavimento y la capa de mortero de la segunda planta cuando decidió salirse de la zona de paso delimitada con tableros de madera. Al pisar directamente sobre una parte del suelo formada por ladrillos, la estructura cedió y cayó a la planta inferior.
El trabajador tampoco había recibido formación en prevención de riesgos laborales. Y, pese a que el plan de seguridad de la obra ya advertía del peligro de caer a una planta inferior y recogía la necesidad de instalar barandillas o utilizar arneses de seguridad, en la zona donde ocurrió el accidente no se había aplicado ninguna de estas medidas.
Un recargo del 30% de prestaciones
Tras el accidente, la Inspección de Trabajo constató varios incumplimientos de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, tanto del Estatuto de los Trabajadores como de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Convenio General del Sector de la Construcción. Por estos hechos, propuso una sanción de 5.000 euros.
Posteriormente, el 13 de julio de 2023, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) impuso un recargo del 30% en las prestaciones de la Seguridad Social derivadas del accidente, al considerar que existía una relación directa entre la falta de medidas de seguridad y lo ocurrido. Además, declaró responsables solidarias tanto a la empresa principal como a la subcontratada, por lo que ambas debían responder del recargo.
La empresa principal, que no estaba de acuerdo con esta decisión, presentó una reclamación que fue desestimada en noviembre de 2023. Por ello, decidió acudir a los tribunales, pero el Juzgado de lo Social número 3 de Girona también rechazó su demanda y confirmó la resolución del INSS.
La empresa decidió recurrir la sentencia ante el TSJ de Cataluña al considerar que la responsabilidad del accidente era del propio trabajador. Según defendía, fue él quien, por iniciativa propia, se salió de la zona de paso habilitada con tableros de madera y pisó una parte del suelo que no era segura y que acabó hundiéndose.
Ambas empresas son responsables
El tribunal reconoció que el trabajador se había salido por iniciativa propia de la zona habilitada, aceptando así la modificación de los hechos probados que solicitaba la empresa. No obstante, consideró que esta actuación no podía calificarse como una imprudencia temeraria, especialmente porque el empleado apenas llevaba tres días trabajando y no había recibido formación en prevención de riesgos laborales.
Además, los magistrados señalaron que la empresa no había adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar el accidente, pese a que el riesgo de caída estaba identificado en el plan de seguridad de la obra. También recordaron que las empresas deben tener en cuenta los posibles descuidos o imprudencias de sus trabajadores al establecer las medidas de seguridad. Por eso, consideraron que el hecho de que el empleado se saliera de la zona habilitada no era motivo suficiente para librarlas de responsabilidad.
Por otro lado, la empresa principal también alegó que, en todo caso, la responsabilidad debía recaer exclusivamente sobre la subcontratada, que era quien tenía contratado al trabajador. El TSJ de Cataluña rechazó este argumento y recordó que las empresas principales tienen la obligación de vigilar que las subcontratadas cumplan la normativa de prevención de riesgos laborales.
Por todo ello, el tribunal desestimó el recurso y confirmó la sentencia de instancia, manteniendo la responsabilidad solidaria de ambas empresas y el recargo del 30% en las prestaciones de la Seguridad Social derivadas del accidente. La sentencia no era firme y se podía recurrir ante el Tribunal Supremo.
Qué es el recargo de prestaciones
El recargo de prestaciones es un aumento de entre el 30% y el 50% en las prestaciones de la Seguridad Social que recibe un trabajador cuando sufre un accidente laboral o una enfermedad profesional debido a que la empresa no ha cumplido con las medidas de seguridad necesarias. Este incremento depende de la gravedad del incumplimiento y debe pagarlo la empresa responsable, no la Seguridad Social. Por ejemplo, si un trabajador cobra una prestación de 1.000 euros mensuales y se le reconoce un recargo del 30%, pasaría a recibir 1.300 euros al mes, siendo esos 300 euros adicionales responsabilidad de la empresa.
