La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido que se realice un “esfuerzo colectivo” para aclarar las situaciones que pueden considerarse absentismo laboral y cuáles son ejercicio de derechos reconocidos a los trabajadores. Ha defendido que las bajas laborales, la conciliación familiar, los permisos por duelo o la huelga no pueden considerarse como absentismo.
“La huelga no es ser absentista, conciliar no es ser absentista, tener un permiso por duelo no es ser absentista”, ha explicado durante las jornadas de salud laboral de UGT. Ha pedido a todos los agentes sociales que participen en la aclaración del debate rechazando la tendencia a considerar todo lo que no sea trabajar como absentismo.
Ha asegurado que no hay que dejar de lado las jornadas “extenuantes” o la desconexión digital entendiendo que la salud de los trabajadores es una responsabilidad de todos. Durante su discurso, ha apelado a la importancia de que el Congreso de los Diputados debata la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y ha reclamado a los distintos partidos políticos que vean esta norma desde el “debate legítimo partidario”.
El texto lleva 19 meses negociando en la mesa de diálogo social aunque es una norma que ella considera como “principal” ya que “habla de la vida, de las enfermedades y de la muerte”. En este sentido, deberá ser un texto acomodado a los nuevos riesgos en el trabajo abordando aspectos tan importantes como la emergencia climática, la discriminación algorítmica y tecnológica y las brechas de desigualdad.
“Hay trabajadores que van a sus puestos enfermos porque tienen miedo a ser sancionados o despedidos”, ha afirmado la ministra quien ha señalado al PP por su concepto sobre las bajas laborales. “Pretenden devolvernos el miedo de la precariedad, es una indecencia y no vamos a permitirlo”.
Sobre la salud mental, Díaz ha reiterado que se trata de “una pandemia silenciosa” que está vinculada a las condiciones laborales, defendiendo que el agotamiento, el estrés o estar quemado en el entorno de trabajo no son cuestiones “personales ni privadas”, sino que piden una respuesta inmediata de los centros de trabajo y de las empresas.
UGT considera “cómplices” a quienes voten en contra
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado a los distintos grupos del Congreso que permitan la tramitación de esta reforma de la LPRL asegurando que si se impide el debate de la misma “serán cómplices” del aumento de siniestralidad, accidentes mortales o enfermedades profesionales.
“Desgraciadamente los accidentes laborales cada vez son más y las personas que pierden la vida aumentan”, ha dicho Álvarez que ha destacado que la actual norma cuenta con más de 30 años de vigencia. “Se ha quedado obsoleta” en determinados sectores como la industria, los servicios, las nuevas tecnologías o la llegada masiva de la mujer al mundo laboral.
“Pido que miren menos a sus grupos parlamentarios, a la crispación o a la situación política y se centren en la salud y los derechos de las personas”. Por eso, apoyar esta tramitación no quiere decir que se esté de acuerdo con el 100% del texto presentado, sino que se abra la puerta a un debate en el que se puedan presentar propuestas.
“Denunciaremos con nombres y apellidos a los que se opongan al debate”, ha dicho lanzando un dardo a la patronal (CEOE) y a su postura en este debate. Les acusa de calificar como absentismo las situaciones de incapacidad temporal que responden a dolencias reales o enfermedades profesionales no reconocidas como tales.
Trabajo y Seguridad Social deberían elaborar un mapa de “puntos negros”
UGT ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones así como a la Inspección de Trabajo que crucen los datos de que disponen de modo que puedan elaborar un mapa de “puntos negros” en el que identifiquen en qué empresas y sectores concretos se concentran las bajas por enfermedad común o accidente laboral. Una norma preventiva actualizada va a reducir de manera drástica estas incapacidades temporales, ha señalado Álvarez.
Defiende la creación de la figura del delegado territorial y sectorial de prevención, algo a lo que la CEOE ya ha votado en contra, para que los sindicatos y las patronales puedan controlar que se aplica esta nueva norma de manera efectiva.
“No construimos nada con broncas que no tienen fondo en el debate que nos interesa sino con una buena ley de salud y prevención de riesgos laborales”.