El Gobierno se ha sentado a la mesa de negociación con los agentes sociales (patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT) a los que ha planteado la posible toma de medidas adicionales para paliar los efectos económicos del conflicto en Irán. Los últimos datos de la inflación, con el IPC al 4,3% en agosto han encendido todas las alarmas y han puesto sobre la mesa la urgencia de paliar los problemas de este alto coste de la vida especialmente en los hogares más vulnerables.
Por eso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido a su compañero del departamento de Economía, Carlos Cuerpo, que se limiten los precios del alquiler y que se grave el refino ante el impacto de la guerra en Oriente Próximo y unos precios (especialmente en carburantes y electricidad) desbocados desde hace meses.
Los sindicatos han insistido, por su parte, en una nueva ayuda de 300 euros para las familias con rentas bajas y en que se ponga en marcha el mecanismo para recuperar la excepción ibérica.
Cuerpo había hecho un llamamiento a los agentes sociales para negociar la continuidad de la protección a empresas y familias ampliando el paquete de medidas más allá del 30 de septiembre, que es cuando caducan. Además del ministro de Economía y de Yolanda Díaz, ha estado presente el de Hacienda (Arcadi España), la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el presidente de la CEOE, Antonio Garammendi, la secretaria general de Cepyme, Mayte Gómez, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez y el de CCOO, Unai Sordo.
Los asistentes han coincidido, según fuentes del ministerio de Economía consultadas por Europa Press, en que a los seis meses de comenzar este conflicto, el precio de los carburantes ha vuelto a subir, igual que la inflación general que se coloca siete décimas por encima de la de julio.
“Seguiremos trabajando en las medidas del Plan de Respuesta”
El ministro de Economía ha explicado que “vamos a seguir trabajando en las medidas del Plan de Respuesta para continuar acompañando a las familias ante las subidas de los precios, atendiendo a los sectores más afectados como el transporte y el agroalimentario por el efecto que produce en el resto de la cadena”.
La próxima semana se mantendrán reuniones con otros sectores para compartir el diagnóstico y la evolución de la situación. Luego, en la red social Bluesky, la ministra de Trabajo ha señalado que el Gobierno no debería permitir que las familias tengan que pagar otra crisis.
“Prorrogar las medidas de protección, limitar los alquileres, gravar el refino y recuperar la excepción ibérica, esa es nuestra propuesta", ha escrito. Porque para su partido, Sumar, estas medidas son “las mínimas necesarias” para poder entrar en una cuestión que está afectando a millones de españoles. “El precio de la energía y los márgenes empresariales no deben servir para empobrecer a los ciudadanos de nuestro país”.