Una pareja incendia su propia casa para cobrar el seguro y pagar sus deudas: la Justicia dice que es provocado y tienen que pagar los gastos de la investigación

Los propietarios tenían una deuda de más de 151.000 euros con el banco y, apenas once días después de que la justicia les ordenara pagarla, su vivienda quedó destruida por un incendio que intentaron hacer pasar por un robo.

Una vivienda incendiada |Canva
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Contratar un seguro de hogar permite a los propietarios estar protegidos frente a robos, accidentes domésticos o daños provocados, por ejemplo, por un incendio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las pólizas no cubren todos los daños y menos aún si estos han sido provocados intencionadamente por los propios asegurados. Es justo lo que le ha pasado a una pareja en Francia que incendió su casa para intentar cobrar más de 260.000 euros del seguro y acabar así con los problemas económicos que arrastraba.

Según recogen desde Figaro Immobilier, los propietarios de la vivienda estaban atravesando problemas económicos y llevaban meses sin poder pagar la hipoteca. De hecho, habían intentado vender la casa por unos 360.000 euros, aunque la agencia inmobiliaria consideraba que su valor no superaba los 180.000 euros.

Al no conseguir comprador, no pudieron pagar la deuda y el banco terminó reclamándoles el dinero que debían. La justicia les ordenó devolver 151.172,71 euros por el préstamo y los intereses pendientes y fue 11 días después de esto cuando la vivienda quedó destruida por el incendio que finalmente se demostró que había sido provocado y ellos estaban implicados. 

Provocaron el incendio y denunciaron que unos ladrones habían entrado en la vivienda

El incendio se produjo cuando los propietarios no estaban en casa. Al día siguiente, la  Policía abrió una investigación para averiguar qué había ocurrido y descubrió que el fuego se había iniciado en dos puntos distintos de la vivienda.

Por su parte, la pareja presentó una denuncia en la que aseguraba que unos ladrones habían entrado por la puerta trasera, registrado la casa y robado una pequeña caja de plástico en la que guardaban 1.500 euros en efectivo.

Según su versión, los delincuentes habían prendido fuego a la vivienda antes de marcharse para borrar las huellas del robo.

Sin embargo, la aseguradora decidió contratar a un investigador privado para comprobar las circunstancias del incendio y los peritos encontraron varios detalles que no encajaban con lo que habían contado los propietarios.

Uno de ellos fue que la puerta trasera había sido desmontada desde el interior para simular que alguien había forzado la entrada. Además, no aparecieron restos de la caja donde supuestamente estaban los 1.500 euros.

Los investigadores concluyeron que alguien que tenía llaves de la vivienda había provocado dos incendios en puntos diferentes y después había cerrado la puerta al marcharse, lo que reforzó las sospechas de que todo había sido preparado para cobrar el seguro.

La Justicia considera que incendiaron la casa para cobrar el seguro y rechaza la indemnización

La propietaria, que figuraba como titular de la póliza, había reclamado más de 260.000 euros a la aseguradora por los daños sufridos en la vivienda y los bienes que había perdido.

Sin embargo, la compañía se negó a pagar porque el contrato excluía expresamente los incendios provocados de forma intencionada por los asegurados o con su complicidad.

Una sentencia del Tribunal de Apelación consideró probado que el incendio había sido intencionado y que los propietarios estaban implicados en lo ocurrido.

Los magistrados también tuvieron en cuenta que la pareja atravesaba graves problemas económicos y que el banco les había exigido devolver más de 151.000 euros apenas unos días antes del incendio. De haber cobrado la indemnización, podrían haber utilizado ese dinero para hacer frente a la deuda.

Pero no solo se quedaron sin los 260.000 euros que reclamaban. La aseguradora ya les había adelantado 3.000 euros antes de conocer cómo se había producido el fuego, por lo que el tribunal ordenó que la mujer devolviera esa cantidad.

Además, fue condenada a pagar 2.590 euros por parte de los gastos de investigación y peritajes y otros 3.000 euros por los gastos judiciales, a los que se suman los 3.500 euros que ya había sido condenada a abonar en primera instancia, un total de 12.090 euros.

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