El Pleno del Congreso de los Diputados rechaza por primera vez un dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2024, que han sido tumbadas con los votos en contra de PP, Junts, Vox y UPN. Estas formaciones se han mostrado reticentes a estos números ya que cuestionan el uso de aproximadamente 2.400 millones de euros sobrantes del Plan de Recuperación para el pago de las pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos.
Tanto por parte del Gobierno como de la Comisión Europea (CE) e incluso de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, se ha defendido que esta práctica se puede hacer y que cumple con la normativa que rige el uso de los Fondos Europeos.
El Congreso ha pedido a este organismo que elabore en un plazo de tres meses, un informe en el que se contemplen las consecuencias de no contar con un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado durante la legislatura del presidente Pedro Sánchez.
Bruselas afirmó que todo estaba bien pero la oposición lo niega
Tanto por parte de la Comisión Europea como de Chicano, se ha defendido que esta práctica no es ilegal y que se cumplen los puntos que establece la ley, pero tanto PP como Vox impulsaron una serie de acciones para mostrar su rechazo. En la Comisión Mixta donde se unen Congreso y Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, y en las que tienen mayoría los partidos de Núñez Feijóo y Santiago Abascal, se impulsó una resolución con el rechazo a la Cuenta General de 2024.
Pero además de esto quisieron que quedase reflejada la censura a la falta de un proyecto de PGE con todo lo que esto implica. Se impulsó un informe en paralelo para solicitar la devolución al Tribunal de Cuentas de esa declaración sobre la Cuenta General por varios motivos entre los que el principal era la ausencia de Presupuestos Generales del Estado,el uso de las modificaciones presupuestarias realizado por el Gobierno y los “riesgos inherentes a estas prácticas”.
También aseguraron que otro de los motivos por los que no podían salir adelante estas cuentas generales era el “deterioro” de las mismas, y el voto particular que un consejero del Tribunal de Cuentas presentó una vez que se supo el uso de los fondos sobrantes para el pago de pensiones.
Junts aseguró que no “blanqueará” al Gobierno
Al comenzar el acto, se conocía cuáles eran las posturas tanto del PP como de Vox pero estaba en el aire la decisión de Junts. Lo que decidiese el partido de Carles Puigdemont era imprescindible para dictaminar la continuidad o no de estos informes. Entonces, el diputado José María Cruset criticó el modo en el que estaban gestionando los presupuestos desde el Gobierno señalando que “los últimos se aprobaron en noviembre de 2022 hace ya cuatro años”.
Ha lamentado que no se haya presentado un proyecto ante la Cámara para debatirlos apuntando a la existencia de “irregularidades” en la Cuenta General ya que “se ha imputado las pensiones del mes de diciembre de ese año al presupuesto siguiente” acusando al Ejecutivo de “dejar de reconocer las obligaciones por más de 5.000 millones de euros” e “inflar los derechos sobredeutados por un valor de 13.900 millones de euros”.
Ha asegurado que no van a “blanquear” al Gobierno con “nuestro voto a favor”. Y, al final, el Pleno ha dado el visto bueno a las acciones impulsadas por PP y Vox que ahora tendrán que votarse en el Senado ya que vienen de una comisión mixta. Y en este caso, al contar el PP con mayoría absoluta, serán rechazadas casi con toda seguridad.