El Tribunal Supremo da la razón a una madre a la que la Seguridad Social le retiró la prestación por nacimiento por subirse estando embarazada la base de cotización de 944,40 a 4.070,10 euros al mes (más de cuatro veces). El alto tribunal entiende que no existe fraude como sostenía el INSS, pues la norma de entonces le permitía cambiar su base y no hubo “ocultación ni simulación”.
Esta mujer, dada de alta como autónoma por una actividad agraria que tenía junto a su marido, había cotizado siempre por la base mínima (919,80 euros en 2017, 932,70 en 2018 y 944,40 a principios de 2019). Con efectos del 1 de abril de 2019 decidió subirla a la máxima, 4.070,10 euros, cuando ya estaba embarazada, y el parto llegó tres meses y veinte días después, según explica la sentencia publicada en el Poder Judicial.
En julio de ese año pidió la prestación por nacimiento y, tras un acta de la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social decidió sancionarla en junio de 2020 con la pérdida de esa prestación durante seis meses, más tiempo del que duraba entonces el permiso. En 2023, el Juzgado de lo Social número 4 de Santiago de Compostela dio por buena la sanción, pues entendía que subida se hizo “a sabiendas de que dicha prestación que solicitara posteriormente será equivalente al 100% de una base reguladora” calculada con lo cotizado antes de la baja, “con lo que se concierta en fraude de ley”.
La autónoma no conforme decidió acudir al Tribunal Superior de Justicia de Galicia donde este anuló la sanción explicando que “el hecho de que la actora estuviese embarazada en el momento de la solicitud no puede utilizarse para presumir el fraude”, y hacerlo sería tratarla peor por ser mujer (una discriminación indirecta por razón de sexo, según el tribunal). La Seguridad Social, en cambio, llevó el caso al Supremo volviendo alegar que se trataba de una “compra de prestaciones”.
Cotizar más para cobrar más es la lógica del sistema
El Supremo explica que en 2019 la norma (el artículo 43 bis del Real Decreto 2064/1995) dejaba a los autónomos cambiar su base hasta cuatro veces al año, entre la mínima y la máxima, sin importar lo que ganaran, y que “la finalidad de una mayor cotización no puede pensarse que sea otra que obtener en el futuro un mayor nivel prestacional”, sea para una prestación cercana como esta o para la jubilación. Es decir, que lo que cobró era lo que le correspondía. Hoy el sistema es otro, porque desde 2023 las cuotas de los autónomos van por tramos según sus rendimientos.
La Sala añade que la ley ya puso un freno en 2017, cuando pasó a calcular esta prestación con la media de las bases de los seis meses anteriores, tal y como recoge hoy el artículo 318 de la Ley General de la Seguridad Social. Y para hablar de fraude “es preciso que se acredite alguna actuación maliciosa de simulación u ocultación”, cuando la Seguridad Social “tenía todos los datos correctos cuando reconoció la prestación” y tampoco podría haberle negado el cambio de base por estar embarazada.
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Por todo ello, y en línea con lo que pedía la Fiscalía, el Supremo desestima el recurso y deja firme la sentencia gallega que anuló la sanción. Si miramos otras sentencias podemos ver como hasta ahora los tribunales no iban en la misma dirección, ya que el propio TSJ de Galicia había confirmado en mayo de 2024 la sanción a otra autónoma que subió su base a 2.000 euros estando embarazada, la sentencia que la Seguridad Social usó para llegar al Supremo.